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El Delegado del Gobierno convoca a Garrido para aliviar los desahucios

Rodríguez Uribes pide coordinación entre las administraciones

Toma de posesión del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, el pasado junio.
Toma de posesión del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, el pasado junio.

El Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, convoca a Ángel Garrido, presidente de la Comunidad, a una primera reunión el 6 de febrero para establecer un protocolo de actuación con el Poder Judicial ante las situaciones de desahucio. “En estos meses de gestión”, escribe el Delegado del Gobierno, “he podido comprobar, no sin cierta sensación de impotencia, que no se están dando las condiciones óptimas para poder prestar la necesaria protección a situaciones de vulnerabilidad ante procedimientos de desahucio, y que dicha situación es debido en parte a una falta de interlocución entre las distintas administraciones concernidas y el poder judicial”.

El Delegado del Gobierno argumenta que, durante 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU “ha interpelado al Estado español para que adopte las medidas necesarias para regular de forma justa el mercado de la vivienda, de modo que se facilite la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos; y ha señalado que es importante conseguir una mayor coordinación entre juzgados y autoridades para que quienes no dispongan de recursos tengan asegurada una vivienda alternativa en caso de desalojo”.

En algunos casos de desalojo conocidos en Madrid se ha podido comprobar cómo no funcionaba un protocolo según el cual los servicios sociales debían intervenir en el caso, previamente al momento del desahucio. Así sucedió en el caso de Alicia M.V., una mujer de 65 años que residía en el barrio de Chamberí, y que se suicidó el pasado mes de noviembre, al lanzarse por la ventana cuando los servicios judiciales, acompañados por policías municipales, llamaban a la puerta de su casa para ejecutar un desahucio. En ningún momento, los servicios sociales se percataron con anterioridad de las circunstancias personales que rodeaban a la mujer.

“Es una realidad conocida por todos”, añade el Rodríguez Uribes en su carta a Ángel Garrido, “que, conforme a los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en el año 2018 se ha producido un incremento de los desahucios por impago de rentas”, razón por la que diversas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos “entre las que, hasta la fecha no se encuentra la Comunidad de Madrid, han firmado con el Consejo General del Poder Judicial convenios para detectar supuestos de vulnerabilidad (…) para posibilitar la adopción de medidas de carácter social".

“Convencido como estoy de compartir la misma sensibilidad ante la problemática descrita”, termina el Delegado del Gobierno, “y con el único ánimo de favorecer que la necesaria comunicación entre administraciones y poderes del Estado resulte eficaz, me gustaría contar con tu participación en una primera reunión”.

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