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Los líderes del ‘procés’ sostienen que su juicio es “contra la democracia”

El abogado Jordi Pina subraya que los tres líderes independentistas no se avergüenzan de nada de lo que hicieron

De izquierda a derecha: Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva. En vídeo, declaraciones de Jordi Pina, abogado de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez. Vídeo: Atlas

El abogado de los líderes independentistas Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull ha hecho públicos este martes los escritos de defensa ante el juicio del procés. El letrado Jordi Pina presenta la vista oral como un “juicio contra la democracia y a los derechos elementales de los ciudadanos”, y rechaza los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Los escritos de defensa de los líderes independentistas no solo rebaten las acusaciones, sino que también conforman un alegato político. Jordi Pina, el abogado de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, todos en prisión provisional, ha resumido el espíritu de los documentos que presentará ante el Tribunal Supremo: “Plantearemos que el juicio es contra las urnas y contra la democracia”. La fiscalía pide 16 años de cárcel para los exconsejeros y 17 para el antiguo líder de la ANC.

Pina ha subrayado que sus clientes “no se avergüenzan de nada” porque, afirma, tuvieron la “dignidad de trasladar la voz del pueblo” a las urnas, en referencia al referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Entre los testigos a los que cita a declarar están el Rey Felipe VI, por el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y hasta 50 ciudadanos testigos del 1 de octubre. La decisión dependerá de la Sala de lo Penal del Supremo.

Los escritos dan su particular versión de los hechos ocurridos entre 2010 y el 27 de octubre de 2017 frente al “relato sesgado” del que acusa a la fiscalía. En el escrito de Sànchez, Pina señala que el referéndum del 1-O, más que una consulta política vinculante sobre la independencia, como se presentó, fue una muestra más del derecho fundamental de manifestación. “Poner urnas no es ni puede ser considerado jamás un delito”, reitera Pina.

El abogado analiza a fondo el delito de rebelión, un tipo penal que, sostiene, “se ha empleado para privar de libertad y escarmentar a líderes políticos pacíficos porque no se comparten sus ideas”. Respecto a los altercados del 20 y 21 de septiembre de ese año, cuando una multitud se concentró ante la Consejería de Economía para protestar —o tratar de impedir, según la acusación— una operación judicial contra los preparativos del referéndum, el letrado afirma: “Lo que tuvo lugar aquel día fue exclusivamente un acto de manifestación”.

“La pretendida violencia se redujo a unos daños materiales ocasionados en dos vehículos aparcados en la calle”, afirma, en referencia a la práctica inutilización de dos todoterrenos rotulados de la Guardia Civil. Aquella fue, afirma Pina “una manifestación pacífica y una muestra más del civismo que ha presidido siempre las movilizaciones organizadas por la ANC”.

“Supone un auténtico desvarío jurídico —solo explicable en términos de persecución política— pretender equiparar estos hechos con la ocupación de ciudades con carros de combate”, añade Pina, que se apoya en jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Según Pina, los enfrentamientos con la policía y la Guardia Civil en la jornada del referéndum fueron hechos “aislados”, que obedecían a “reacciones ciudadanas concretas de resistencia frente a cargas policiales”. “No se puede hablar de alzamiento salvo que este término se retuerza más allá de su sentido literal”, remacha el abogado, que rechaza también los delitos de sedición, malversación y organización criminal que conforman la acusación.

La ley impide citar como testigo al Rey

Fuentes judiciales recordaron ayer que la petición de las defensas de citar como testigo en el juicio al rey Felipe VI está expresamente vetada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exceptúa al Monarca, entre otras personas, de la obligación de acudir a declarar como testigos si reciben un llamamiento judicial. El letrado Jordi Pina ha dicho que, atendiendo a esta circunstancia, en su lugar citarán como testigo al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín.

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