Bienvenida sea la política

¿Asistimos al comienzo de una tímida recuperación de la política en Cataluña? Esta podría ser la conclusión que cabría alcanzar tras la ruptura del bloque independentista en el Parlament, al negarse los diputados de Junts per Catalunya a delegar su voto de la forma previamente pactada con ERC. Esta negativa entraña una serie de elementos y consecuencias relevantes que explican, además, cuál es la situación de una parte de las élites políticas de Catalunya y de cuál podría ser la dirección de la política catalana en los próximos meses.

En primer lugar, la semana pasada se alcanzaba un acuerdo, digamos, original entre las fuerzas independentistas por el que sus diputados presos o en el extranjero no se sentían suspendidos por el auto de Llarena del pasado julio, aunque decidían, dada su situación judicial actual, delegar su voto en otro compañero del grupo parlamentario. El acuerdo llama la atención en tanto que niega la suspensión automática contenida en una decisión judicial, en aplicación de la ley, cuando estos diputados están suspendidos de sueldo, valga la redundancia, desde que aquella fue comunicada al Parlament. En todo caso, y en segundo lugar, se acepta, como ha hecho el PSC para facilitar el tránsito a la normalidad política, que lo que cuenta es que finalmente los diputados deleguen el voto.

De hecho, algunos señalan que estamos ante un primer paso en la construcción de una alianza estratégica, quizá también con los comunes, para salir del lodazal institucional en el que estamos estancados. En tercer lugar, los diputados de JxCat pretendieron burlar el auto, el acuerdo con ERC y, también, el informe de los letrados del Parlament, optando por una suerte de prórroga de la delegación que ya hicieran hace meses. En resumen, el gran escollo para los de Puigdemont está en aceptar negro sobre blanco que están suspendidos por obra de Llarena, cosa que, para contextualizar, sus homólogos de ERC han hecho con una genérica alusión a su situación judicial. Vamos, que tampoco se han rendido a los pies del Tribunal Supremo.

Se materializó ayer una ruptura en el bloque independentista que quizá quepa identificar con la decisión de ERC de no volver a la unilateralidad, sino de retomar la senda de la institucionalidad y la legalidad. No debe olvidarse que si el president Torrent hubiera aceptado las formas de los diputados de JxC para la delegación o, incluso, les hubiera dejado votar, hubiera puesto en peligro su futro profesional y personal, pudiendo incurrir en un delito de desobediencia. Y no está el patio para más mártires. Necesitamos políticos que acepten las reglas de juego, las que compartimos todos, políticos y ciudadanía, aunque su finalidad sea modificarlas de arriba a abajo. Eso también lo permite nuestro sistema constitucional, claro está, utilizando los cauces establecidos.

Puigdemont ha perdido un nuevo escenario, el Parlament, para representar su estrategia. Le queda un (pen)último cartucho para romper con el enclaustramiento en el espacio libre de Bélgica al que está abocado: que el president Torra, tan solícito a sus peticiones, convoque elecciones y, de nuevo, Puigdemont se presente como candidato a la presidencia de le Generalitat. Esta vez, sin embargo, su estrategia legitimista no tiene cabida. Por una parte, el Govern nunca volvió a ser el mismo de antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, parte porque algunos de sus integrantes, viendo cual era su suerte, decidieron no tentar más a su suerte. Y, de otra, ante la celebración del juicio oral de los políticos presos —también de las políticas presas, por cierto—, que supondrá una revitalización del procés ¿qué legitimidad podrá esgrimir Carles Puigdemont frente a los que guardan sentencia en prisión sin por ello haber renunciado a la defensa de sus derechos?

Este es el panorama actual de la política catalana, al menos durante unas horas, dado que en el contexto catalán cada minuto puede ser diferente al anterior. Quizá haya llegado el tiempo de hablar y participar, por ejemplo, en el debate sobre las propuestas que se discuten en el proyecto de presupuestos generales del estado sobre conciliación, sobre equiparación de permisos de maternidad y paternidad, medidas de gran impacto en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral. El momento de no estar siempre mirándonos el ombligo, deporte que practicamos en exceso últimamente. Contamos, además, con la voluntad del Gobierno central de dialogar y reconducir la situación políticamente, limitada eso sí, por la subasta identitaria en la que esta sumida la derecha española. Esperemos que, pese a ello, podamos dar la bienvenida a la Política de nuevo.