Podemos propone otra ley del transporte público

El partido liderado por Ramón Espinar presenta una proposición de ley para "despolitizar" el Consorcio Regional de Transportes de la comunidad

Un autobús de la EMT pasa por el paseo de la Castellana.
Un autobús de la EMT pasa por el paseo de la Castellana. DAIMLER / Europa Press

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid se enfrenta al primer cambio legislativo en 33 años. Podemos presentó ayer una proposición de ley para poner en marcha un mecanismo institucional de coordinación, visión y liderazgo en el ámbito del transporte público de viajeros con el objetivo principal de despolitizarlo y que pase a denominarse Agencia de Movilidad de la Comunidad de Madrid. El consorcio está formado por las empresas reguladoras de los autobuses urbanos e interurbanos (EMT), los trenes de cercanías, el metro de Madrid y metros ligeros, en definitiva, todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid.

“El problema es que está muy politizado, es un apartado de la consejería y el director gerente hace lo que la consejera le dice”, explicó ayer el diputado de la Asamblea de Madrid Alberto Oliver, que ha presentado la propuesta. Según la propuesta de la ley presentada, una mala praxis despreció hace tiempo a la figura del comité técnico, el perfil profesional e independiente del director gerente y las responsabilidades de planificación de transportes. “Se hacía necesario”, se explica en el texto facilitado a EL PAÍS, “introducir una ley de mecanismos de garantía para su cumplimiento”.

Además, Oliver justifica también la propuesta de ley en la profunda evolución y transformación que se ha producido en el ámbito de la movilidad urbana y metropolitana, con nuevas realidades y nuevos paradigmas. “Hay problemáticas como la calidad del aire de las ciudades, la mitigación del cambio climático, los modelos urbanos eficientes y sostenibles en términos energéticos, que deben gestionarse con la composición de un gobierno de administración con más pluralidad, expertos y contando con toda la oposición”.

La propuesta de ley también incide en las nuevas tecnologías, “ya que en este tiempo se han producido avances en el terreno de la propulsión, los vectores energéticos y los combustibles que condicionan e interactúan de forma sustancial con las políticas públicas”. De esta manera, se propone que, tras los cambios profundos surgidos en el uso de los medios de transporte, “debemos ser capaces de gestionar aplicaciones que lo engloben todo desde una manera profesional”.

Para que la propuesta de ley salga adelante necesita el apoyo del resto de grupos políticos y Oliver cree que cuenta con Ciudadanos y PSOE. El diputado de la formación naranja Juan Rubio aseguró ayer que en principio le parece “una propuesta que tiene una línea razonable y es interesante” aunque no se decidirá a dar su apoyo hasta que no estudie el documento final de la propuesta. A pesar de eso, está de acuerdo en que el consorcio “no solamente está politizado, es que es político”. Fuentes socialistas han tomado una postura similar, ya que han asegurado que van a estudiar la propuesta en profundidad, "y una vez la dirección del partido decida qué línea seguir, se tomará una decisión concreta.

Por su parte, el gerente de la EMT, Álvaro Fernández, explicó ayer que el consorcio es un invento español de 1985 que en su momento se exportó a todo el mundo, como a ciudades como Londres o París, “pero ya se ha quedado anticuado”. “Se necesita más autonomía y más independencia porque no se comporta como un consorcio, sino como un apéndice de la Comunidad de Madrid”. Fernández, además, apunta a que se ha cometido un grave error. “Se ha planificado el transporte público por un lado y el privado por otro, porque no había coordinación”.

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