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Representantes de CDC y PDeCAT declaran el miércoles por el 3%

Ambas formaciones están investigadas como personas jurídicas por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo

Registro de la Guardia Civil en la sede de Convergència
Registro de la Guardia Civil en la sede de Convergència

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el denominado caso del 3% sobre la presunta financiación irregular de Convergència, ha citado a declarar el próximo miércoles a los representantes legales de este partido y del PDeCAT, al estar ambas formaciones imputadas como personas jurídicas en esta causa.

En su providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 convoca, a partir de las diez de la mañana, a una “persona representante especialmente designada a tal efecto” por ambos partidos, “acompañada de abogado”.

Convergència y PDeCAT, como continuador del primero, están investigados como personas jurídicas por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales por una actividad delictiva que, según destacaba el juez en el auto de imputación, se sostuvo durante 11 años.

El magistrado explicaba que altos cargos de Convergència habrían puesto en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido, de forma encubierta mediante supuestas donaciones a fundaciones ligadas a dicha formación, CatDem y Forum Barcelona, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con donaciones al partido.

Los pagos, decía De la Mata, se obtenían por las fundaciones y, por ende, por Convergència, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con “vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”.

Según el auto, el monto total de licitaciones comprometidas asciende a 218.759.664 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626 euros) y las prórrogas (4.539.755 euros), es decir, aproximadamente 175 millones de euros. En cuanto a las donaciones irregulares ligadas a estas adjudicaciones, ascienden a más de un millón.

Y es que, según el juez, Convergència carecía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe.

La operativa investigada, afirmaba De la Mata, ha estado sostenida en el tiempo sistemáticamente y permanece inalterable, con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de dichas estructuras. Como prueba de ello, subraya que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos.

Y así, sitúa al PDeCAT como un mero continuador de Convergència para éste eludir las consecuencias penales que pudiera acarrearle la supuesta financiación ilegal: "La creación del PDeCAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir".