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OPINIÓN

Castillos de naipes y el interés general

En opinión de los autores, la sentencia del TSJM sobre el Wanda Metropolitano dejó claro que no valen atajos, tampoco cuando se trata de proyectos estrella

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la presentación de la maqueta del proyecto Madrid Nuevo Norte.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la presentación de la maqueta del proyecto Madrid Nuevo Norte.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) recordó al Ayuntamiento que la planificación urbanística debe estar al servicio de la ciudad y sus habitantes. En su sentencia sobre el nuevo estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, dejó claro que no valen atajos, ni siquiera cuando se trata de proyectos estrella. Es lo que ocurre cuando se presentan planes cogidos con pinzas, con demasiadas lagunas legales y poco consenso general. El estadio se ha convertido de pronto en un castillo de naipes, que corre el riesgo de derrumbarse cuando empiezan a faltar las cartas que lo sostienen. La sentencia del TSJM debería servir para reflexionar y no repetir errores. Más aún cuando tiene fragmentos que son perfectamente aplicables a otros casos, como el de la Operación Chamartín.

“Las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante (…) sirva con objetividad los intereses generales; no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia corporación municipal”, recoge el texto del TSJM. Cuando hace referencia al éxito de la impugnación, la sentencia explica que “tiene que basarse en una actividad probatoria que deje bien acreditado que la Administración, al planificar (…) ha actuado con alejamiento de los intereses generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad…”.

Pues bien, la actual propuesta para la Operación Chamartín (denominada Madrid Nuevo Norte) es una muestra fehaciente de cómo los intereses generales se dejan de lado para primar unas plusvalías de las que se beneficiará sobre todo Distrito Castellana Norte (DCN). Esta sociedad privada, integrada por el BBVA y la constructora San José, disfruta desde hace 25 años de una dudosa concesión por parte del propietario mayoritario del suelo, la entidad pública Adif (es decir, Renfe, es decir, Ministerio de Fomento).

El patrimonio público de suelo debería servir para equilibrar el territorio de Madrid, una de las regiones metropolitanas más desiguales de Europa. En una ciudad donde hay más puestos de trabajo que ocupados, que recibe al día a cientos de miles de personas trabajadoras de otros municipios, y que, en cambio, expulsa a su juventud porque no puede acceder a una vivienda, el interés general debería expresarse construyendo un parque de vivienda pública asequible en alquiler, resolviendo las necesidades de equipamientos sociales de barrios colindantes, y reequilibrando la localización de la actividad económica entre el privilegiado norte y el marginado sureste.

Justo lo contrario de lo que plantea Madrid Nuevo Norte, particularmente en el área al sur de la M-30: un descomunal Centro de Negocios, con 15 o 20 megatorres de oficinas, viviendas de lujo, y un parque sobre una enorme losa de hormigón. Lo demás son migajas.

La llegada del nuevo Gobierno central podría haber supuesto un antes y un después en el desarrollo de la operación. Confiábamos en una vuelta a la planificación sostenible, transparente y participada, empezando por el replanteamiento de la concesión a DCN, así como la publicación de los acuerdos hasta ahora ocultos.

Pero la reciente presentación de la propuesta Madrid Nuevo Norte por parte del ministro Ábalos junto al Ayuntamiento indica lo contrario: se sigue la senda marcada por el Partido Popular en lugar de acercarse a las necesidades sociales.

La contestación social, vecinal y ecologista a la operación no es un brindis al sol, ni es meramente testimonial.

Nines Nieto es miembro de Ecologistas en Acción y Félix Arias, de la Plataforma Zona Norte. La FRAVM y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo suscriben este artículo.

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