Sí, el emperador va desnudo

Lo que quedaba de Convergència ha muerto. En el congreso del PDeCAT han ganado los leales a Puigdemont, unidos por seguir proclamando un proyecto y una hoja de ruta que se han demostrado fallidos. Aquel partido de centro-derecha, nacionalista pero no independentista ha ido perdiendo en los últimos años su centralidad política, su capacidad de impacto, para convertirse en el partido de un expresidente huido de la justicia española, que no cesa de poner en jaque a la política catalana y a su ciudadanía.

Cabe considerar que el magistrado Llarena se ha equivocado en su imputación por rebelión porque, como muchos defendemos, no se produjo la violencia que exige el Código Penal. Pero, aunque la eco-cámara puigdemontista pretenda obviarlo, el Tribunal de Schleswig-Holstein otorgaba la euroorden porque sí existe base fáctica suficiente para considerar que Puigdemont pueda ser juzgado por malversación de fondos públicos, un delito menor para el independentismo, pero que supone una conducta gravísima en un representante público, más si es el presidente de un gobierno.

Llarena ha decidido no aceptar la entrega de Puigdemont solo por malversación, seguramente para respetar la igualdad de trato respecto del resto de imputados. Ahora bien, si la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein genera un clamor tan cerrado respecto de la rebelión, ¿en qué se va a apoyar ahora Puigdemont para seguir justificando su huida de España si en Alemania ya han dicho por dos veces que no hay persecución política? Esto es, en Alemania, Puigdemont no podría ser juzgado por rebelión con la base fáctica referida por Llarena, pero de ahí no se extrae que Alemania crea que Puigdemont es inocente ni que sea un perseguido político. Más bien al contrario: en España se cumplen las garantías exigibles a todo Estado democrático miembro de la Unión Europea y, por tanto, no hay motivación política que justifique su discurso. No es un exiliado, sino un prófugo.

La causa de Puigdemont tiene cada vez menos adeptos en Europa. Este fin de semana, en la reunión anual de la SIPE (Societas Iuris Publici Europaei) en Hamburgo, he podido constatar que los juristas europeos, incluso aquellos que en algún momento sintieron simpatías por la causa independentista, reaccionan y observan con estupor que aquello que creían una revolución de pueblo, del poble, no es más que el ejercicio de fuerza de los representantes políticos de, como mucho, la mitad de dicho pueblo. Que, por tanto, no existe una voluntad unánime o cuasi unánime de querer romper con España, ni de creer que España es un estado autoritario. Tampoco de querer romper unilateralmente el ordenamiento constitucional, marco del ejercicio de los derechos democráticos. Los juristas sabemos que la democracia sin Estado de derecho, sin reglas de juego, no es más que el ejercicio de la ley del más fuerte.

El lunes pasado, el president Torra hacía un tuit, en respuesta a unas declaraciones del ministro Borrell, en que insistía en que Cataluña (ente soberano inexistente) es titular del derecho de autodeterminación porque así lo manifiestan (cito literalmente) “declaración de la ONU, tratados internacionales, Escocia y Quebec, decisión del TIJ (Tribunal Internacional de Justicia), derechos históricos de Cataluña, porque los ciudadanos no somos súbditos, sino ciudadanos libres que nos autodeterminamos y nuestro parlamento declaró políticamente la independencia”. En un tuit la economía del lenguaje es determinante. Sin embargo, esa economía no justifica que ninguna de las referencias del mensaje sean ciertas: Cataluña no cumple con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ni con ninguna de las resoluciones (interpretativas) aprobadas posteriormente por la Asamblea de Naciones Unidas; a saber, que un pueblo esté siendo reprimido por un Estado de democrático. En caso contrario, dichos textos internacionales exigen que la secesión sea pactada con el Estado. Comparar la situación de Kosovo con Cataluña solo entra en la cabeza de alguien que dice que estamos viviendo una crisis humanitaria. Ni en Escocia ni en Quebec se ejerció el derecho de autodeterminación, sino que se llegó un acuerdo entre dos entes de poder para dar respuesta una reclamación política sostenida en el tiempo.

Estas mentiras son las que alimentan la creación de un movimiento supuestamente horizontal, la Crida Nacional, y permitir que Puigdemont y sus leales se hayan apropiado, también, de la antigua Convergència. Ahora bien, las mentiras, medias verdades y eslóganes vacuos son fáciles, cada vez más, de desmontar. Al final, solo quedará reconocer que, como en el cuento del danés Andersen, el emperador va desnudo.

Argelia Queralt es profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona.