Juicio a un empresario de Lugo por exigir 2.000 euros de fianza a un empleado para seguir contratado

La Audiencia Provincial de Lugo juzgará este miércoles a un empresario de Lugo, J.V.M., por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores al quedar acreditado documentalmente durante la investigación judicial que exigió 2.000 euros en concepto de fianza a un trabajador temporal para poder seguir contratado en la empresa.

La Fiscalía de Lugo pide para el acusado una condena de dos años de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y que indemnice al trabajador con 10.000 euros con los intereses de demora, además de imponerle las costas del proceso.

El trabajador denunció los hechos ante el juzgado de instrucción número 2 de Lugo que se recogen en el escrito de acusación de la fiscal Lucía Girón Conde. Según este, el denunciante comenzó a trabajar en la empresa del denunciado desde 2008, pero al finalizar el contrato, el propietario y administrador del taller, situado en polígono de O Ceao, condicionó la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo al pago de una cantidad que fijó en 2.000 euros, alegando como argumento las eventualidades que pudieran surgir, derivadas de crisis económica que entonces atravesaba el sector.

“El acusado, abusando de la precariedad laboral existente en sector de su actividad empresarial”, dice la fiscalía, en el año 2011, cuando el trabajador O.T.F. finalizaba su contrato temporal, lo amenazó con despedirlo sin recibir ninguna compensación económica.” Luego, “condicionó la renovación del contrato laboral a que el trabajador hiciera una aportación económica a la empresa de 2.000 euros que fueron entregados en concepto de fianza para sufragar los gastos que, en su caso, pudieran derivarse de la cesación anticipada de la relación laboral con la empresa”, añade el Ministerio Fiscal. Todo ello quedó plasmado en un documento firmado por ambos y entregado al trabajador.

También recoge la acusación en su escrito que el denunciante llevaba dos años sin disfrutar de vacaciones (2012 y 2013), sin recibir ninguna compensación económica por ello, y que su jefe menospreciaba su trabajo. “El acusado minusvaloraba al trabajador, diciéndole que no valía para nada y cuando éste le solicitaba el disfrute de sus vacaciones solía contestarle: ”¿quieres vacaciones? vas a tener vacaciones las que quieras, toda la vida”.

Como consecuencia de la situación de estrés derivada de estos hechos, el trabajador padece un trastorno adaptativo reactivo a factor estresante identificable, actualmente en remisión, para el cual necesitó tratamiento médico y cuyo tiempo estimado de curación se sitúa en los seis meses, incide también la fiscalía en base a los informes médicos.

Además de constituir los hechos de la denuncia un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, la fiscal del caso solicita al tribunal que el empresario y acusado indemnice a su empleado con 10.000 euros, más los intereses legales de demora, por las secuelas y daños sufridos por este “derivados de su conducta” conjunta y solidariamente con la compañía aseguradora con la que la empresa tenía contratada la póliza de riesgos laborales.