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El defensor catalán constata denuncias de adoctrinamiento en 53 colegios

El Síndic de Greuges ha recibido nueve reclamaciones y 21 consultas sobre el asunto

El instituto El Palau, de Sant Andreu de la Barca.
El instituto El Palau, de Sant Andreu de la Barca.

Las quejas por presuntos casos de adoctrinamiento nacionalista en las escuelas catalanas desde el pasado 1 de octubre ascienden a 87 repartidas en 53 centros. Así lo constató ayer el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, tras estudiar las denuncias recibidas por su institución y las que constan en tres requerimientos del Ministerio de Educación al Departamento de Enseñanza de la Generalitat. Ribó aseguró que algunas quejas son “inconsistentes”.

Desde el 1 de octubre de 2017, cuando eclosionó la crisis catalana con la celebración del referéndum ilegal, Ribó recibió nueve quejas y 21 consultas vinculadas a presuntas situaciones de adoctrinamiento en las escuelas catalanas. El Síndic abrió además dos actuaciones de oficio: una en el Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca —que precisamente se encuentra judicializado después de que la fiscalía acusase a nueve docentes de humillar a hijos de guardias civiles—; y otra en un instituto de Les Corts de Barcelona, donde se encontraron a la misma hora y en el mismo lugar dos manifestaciones de signo contrario. Estas incidencias se suman a las recogidas por el Ministerio de Educación en los tres requerimientos enviados al Departamento de Enseñanza de la Generalitat en octubre y noviembre de 2017. De esta documentación se desprenden otras 55 quejas referidas a unos 48 de los 4.500 centros educativos (públicos y privados) que hay en Cataluña.

Ribó aprovechó ayer para lanzar un aviso a los docentes para evitar posicionamientos políticos en el aula. “Los centros han de evitar mostrar símbolos o signos identificativos con las diferentes opciones políticas, sean del signo que sean”, dijo. Y añadió que, aunque en el aula es “normal” que se trate la situación política, la escuela “ha de mantener la neutralidad política”. El Síndic pidió a Rajoy que estos conflictos se solucionen “por la vía educativa, no penal” y tildó de “error” la judicialización de la actuación del profesorado.

La mayor parte de las quejas recibidas por el Síndic versan sobre la exhibición de símbolos, actos de protesta en el centro, participación en huelgas o paros y acciones dentro de las escuelas. Algunas denuncias similares, de hecho, trascendieron a la opinión pública. Por ejemplo, según reveló EL PAÍS, la Generalitat alentó a que centros públicos montaran actos de protesta “con todos los alumnos” contra las cargas policiales del 1 de octubre.

Con todo, Ribó matizó que la mayoría de quejas analizadas —tanto las recibidas en su institución como las que recogen los requerimientos— son genéricas, de gente anónima, terceras personas no vinculadas al caso o donde no aparece mencionado un centro concreto, lo que dificulta su verificación. “Una parte de las quejas pueden ser falseadas, inconsistentes o extemporáneas”, apostilló. El Síndic aseguró que su equipo solo ha podido identificar seis centros entre las 30 incidencias recibidas y, del contenido recogido por el Ministerio, solo han podido verificar una de las quejas: Ribó confirmó que un docente hizo un comentario inapropiado y, según sus pesquisas, se solucionó cuando la dirección le exigió que pidiese disculpas. 

Aunque el Síndic también puso en duda algunas de las quejas recogidas en los requerimientos del Ministerio, sí admitió que “en algunos centros no se han garantizado los servicios mínimos que se debían haber garantizado” en algunas jornadas de huelga celebradas en los últimos meses.

“Falta de imparcialidad”

Con todo, el Síndic advirtió, además, de que antes del 1-O no habían recibido quejas sobre el adoctrinamiento en las escuelas y criticó la “falta de imparcialidad” de las investigaciones del caso de Sant Andreu de la Barca. “Se comienza a tramitar penalmente a partir de una investigación que hace un cuerpo policial que es la misma comandancia de Sant Andreu, que es parte implicada. También en los hechos descritos falta imparcialidad porque, aunque fueron a declarar todos los profesores, en el escrito de la fiscalía no hay ni una sola cita de los profesionales”, dijo. Ribó denunció que no encontraron “ningún caso asimilable” con el delito de odio que se les imputa a los docentes de El Palau.

Por su parte, Ciudadanos y el PP de Cataluña forzarán la comparecencia de Ribó ante el Parlament por su actuación en el caso de El Palau —el Síndic se reunió con el consejo escolar del centro y ha solicitado una reunión con el comandante de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo—. El PP también prevé llevar al Parlament una propuesta de resolución para condenar el adoctrinamiento.

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