Protocolo vecinal para combatir los ‘narcopisos’
Los vecinos del Raval diseñan informes y fichas para recabar información y dársela a la policía y a las administraciones
Los vecinos del barrio del Raval de Barcelona llevan meses suplicando la atención de las administraciones. Viven en el corazón de la ciudad, a escasos metros de la Rambla. Pero desde el pasado verano se ha transformado su paisaje humano y por las calles deambulan personas drogodependientes buscando mezclas de heroína y cocaína cortada con matarratas a entre tres y seis euros la dosis. El fenómeno de los llamados narcopisos —apartamentos ocupados donde se trafica con drogas— ha hecho mella en el barrio, convirtiendo algunas calles en inhóspitas y peligrosas. Tras meses de protestas, un grupo de vecinos —constituidos en las plataformas Acción Raval y Acción Reina Amàlia— ha confeccionado un protocolo para hacer frente a la situación del barrio. “Hemos diseñado toda una forma de actuar para dar masticado a la policía y a las administraciones dónde están los narcopisos”, asegura Ángel, de Acción Raval.
El protocolo lo han repartido entre entidades y particulares y gracias a él pretenden que las administraciones “no tengan excusas y actúen”. “Hemos utilizado el protocolo hasta en cinco narcopisos y funciona”, asegura Àngel. El documento contiene ocho puntos con los que pretenden acabar con los puntos de venta de droga. El primer punto es claro: “Lo más importante es no enfrentarse a los traficantes bajo ninguna circunstancia”. El documento remarca que los que tienen que actuar son la Guardia Urbana y los Mossos, pero los vecinos pueden incitar y ayudar a la actuación policial. “Hay que reunir al mayor número de vecinos del mismo bloque o zona afectada para crear un escrito detallado de la situación. [Con el documento], dirigirse a la comisaría de Mossos y preguntar por el departamento de relación con la comunidad para interponer una denuncia”, remarca el protocolo, que acompaña varios números de teléfonos. Además de en comisaría, se pide a los vecinos que lleven una copia de ese informe al departamento de servicio a las personas del distrito de Ciutat Vella.
Como el propio protocolo también deja entrever cierta desconfianza con la efectividad de las administraciones, también se pide a los vecinos que localicen al dueño del piso ocupado, que se le “ponga al corriente” de las prácticas que se están llevando a cabo en el mismo y que se le “exija que denuncie la actividad de tráfico de drogas” que se hace en su propiedad.
El protocolo de Acción Raval también informa del teléfono que debe utilizarse, de inmediato, en el caso de localizar jeringuillas en la vía pública. Las personas adictas a sustancias como la heroína suelen tardar entre cuatro y siete minutos entre que compran la droga y la consumen. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento recogieron el pasado año en Barcelona 31.012 jeringuillas de las que 20.000 estaban en el distrito de Ciutat Vella.
Un problema complejo para la policía
El fenómeno de los narcopisos en el Raval comenzó en 2016 cuando varias operaciones de los Mossos d'Esquadra, en el barrio de la Mina en Sant Adrià del Besos, desplazó a los vendedores al centro de Barcelona. El problema, en muchas ocasiones, es que para que los agentes desmantelen los narcopisos se precisa una autorización judicial que tarda semanas. Una vez detenido al camello el Consistorio intenta localizar al propietario del inmueble para tapiar e inutilizar el piso. No siempre es fácil y, en varias ocasiones, lo vuelven a ocupar y comienzan a traficar de nuevo. Es entonces cuando los policías vuelven a la casilla de salida y vuelven a solicitar una nueva orden de entrada y registro.
Si los vecinos localizan algún piso o local vacío que todavía no ha sido ocupado, también se les anima a rellenar una serie de fichas que deben entregarse en la sede del distrito. Ángel asegura que el protocolo funciona pero es insuficiente. “Necesitamos ayuda, sobre todo de la Generalitat, que es quién menos está actuando para acabar con el problema”. Aunque los vecinos aseguran que no todo deriva de las mafias. “Al tráfico de drogas se le suman la especulación, turistificación, los abusos del ocio nocturno, desahucios y, en definitiva, la expulsión de los vecinos. Las administraciones deben invertir en políticas sociales de vivienda y de atención a toxicómanos”, destaca.
Desde Acció Raval aseguran que en la actualidad en el barrio hay cerca de 30 narcopisos, aunque en otras épocas casi se multiplicaba por tres esta cifra. Según el último informe municipal de la comisión de seguimiento sobre la problemática de las drogas, hasta abril se habían detectado en el Raval 360 pisos vacíos u ocupados con finalidades de venta de drogas. El 28% de estos pisos se encontraban en la zona de influencia de la calle Riereta, seguidos por En Roig (14%) y Sant Gil (12%). La mayoría de estas viviendas, un 31%, pertenecen a entidades financieras y un 26% pertenecen a sociedades. Una decena de narcopisos son de propiedad municipal y el Consistorio ya ha denunciado las ocupaciones y actividades que se realizan allí.
Desde el punto de vista policial, entre 2017 y 2018 se han realizado 74 entradas en el distrito de Ciutat Vella, la mayoría de ellas en el Raval, con 99 detenidos.
