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El coral rojo, entre la explotación y la conservación

La Generalitat considera “incomprensible” que el Ministerio conceda 12 licencias de pesca en aguas exteriores pese a la moratoria

Coral rojo en las Islas Medes.
Coral rojo en las Islas Medes.

El Ministerio de Agricultura ha concedido 12 licencias para la pesca de coral rojo (Corallium rubrum) entre el Cap de Begur y Arenys de Mar, en aguas exteriores, de titularidad del Estado. Esta decisión, “incomprensible” según la Generalitat, choca con la moratoria de 10 años establecida en noviembre de 2017 en aguas interiores, de competencia autonómica, entre el Cap de Begur y Francia, para preservar una especie que, según los científicos, está en peligro de extinción. En los últimos 20 años se han incautado 340 kilos extraidos ilegalmente.

Las nuevas licencias han generado “incredulidad” en la Dirección General de Pesca de la Generalitat. Su director, Sergi Tudela, contaba con que la moratoria de extracción del coral se aplicaría también en las aguas de competencia estatal porque el Gobierno central recibió con interés hace un año un estudio que determinó que el 90% de esta codiciada especie en el litoral catalán estaba en “estado crítico de conservación” y que su recuperación solo era posible interrumpiendo su extracción. Además, recuerda que la disposición adicional segunda del Real Decreto 629/2013 de 2 de agosto, establece que “deberán respetar en aguas exteriores las vedas decretadas por las comunidades autónomas respectivas, en sus aguas interiores”. Este diario no ha aconseguido recabar la opinión del Ministerio de Agricultura

Según la convocatoria del proceso de autorización de extracción y venta de coral rojo, publicado por el BOE del pasado 16 de noviembre, la veda se respeta "en aguas exteriores colindantes con las aguas interiores de Cataluña", pero solo en desde el Cap de Begur hasta la frontera con Francia, permitiendo así la pesa del Cap de Begur hacia el sur. La Generalitat considera que las zonas más afectadas por la autorización serán Tossa de Mar, Lloret de Mar, la costa de Begur y les Illes Formigues.

Tudela no entiende la interpretación de la legislación que ha hecho Agricultura y qué entiende por “colindante”, ya que las aguas sur de Girona también son adyacentes a las interiores, protegidas. “Las del Cap de Begur a Arenys también son colindantes. ¿Por qué solo mantienen la protección en el Norte?”, se pregunta.

A finales de diciembre, cuando supo de las intenciones del Ministerio, Tudela mandó una carta “con un informe donde argumentaba por qué sería un error irreparable para la gestión responsable del recurso”. Asegura que no ha tenido respuesta. El director cree que “en lugar de valorar el estado de esta especie, han hecho una interpretación arbitraria” y apunta que la decisión ministerial es “absurda” proque la pesca se concentrará en una zona donde el coral es marginal.

Por su parte, los coraleros valoran positivamente la decisión del Ministerio porque les permite seguir extrayendo coral y consideran “erróneo” el criterio de la Generalitat, porque está basado en un estudio “antiguo y nada riguroso”. Pero al mismo tiempo, este colectivo cree que la medida será perjudicial porque se explotará sin descanso una zona que, según el abogado de la Asociación Profesional de Coraleros, Guillem Bossacoma, en unos 10-12 años puede quedar arrasada. Desde la Asociación defienden el buen estado de las colonias de coral en la Costa Brava y se ofrecen a la Generalitat para colaborar en un plan de gestión que permita abrir y cerrar zonas en función de las necesidades de este animal. Aseguran que el problema son los furtivos.

En la actualidad el coral, que puede vivir más de 100 años y crece entre 3 y 5 mm anuales, se vende a unos 300 euros las ramas pequeñas y a unos 2.000 las de 12-14 mm de base. Sus destinos: Torre del Greco (Italia), China e India.

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO, organismo que depende de las Naciones Unidas, intervino el año pasado por primera vez en la gestión del coral en la cuenca mediterránea y en octubre determinó que en las zonas donde se pueda verificar que se está extrayendo más de un 25% por debajo de la medida legal -7 mm de base-, como sería el caso de Catalunya, “el Estado tiene la obligación de cerrar de forma preventiva la zona para que se recupere”, apunta Tudela. En este sentido destaca que la decisión del Ministerio “no solo va en contra de la gestión que hace la Generalitat, también de la que hace la comunidad internacional”. Una complicación añadida derivada de esta descoordinación, será que “dificultará enormemente el trabajo relacionado con el control, vigilancia e inspección en la zona de la moratoria”, afirma.

La decisión de conceder licencias para la extracción de esta especie, que en un 90% acaba convertida en una preciada joya, ha generado malestar en el territorio. Científicos y conservacionistas entienden que “no es una decisión de gestión correcta”.