La juez envía al banquillo a los presuntos asesinos del alcalde de Polop una década después del crimen
La magistrada les impone una fianza civil conjunta de 335.000 euros
Tras más de una década de instrucción, una juez de Villajoyosa ha decretado este martes la apertura de juicio oral contra los siete acusados del asesinato a tiros de Alejandro Ponsoda. Un jurado popular deberá resolver si hay pruebas para culparles del crimen del que fuera alcalde del PP de Polop de la Marina, una población alicantina de unos 4.500 habitantes próxima a Benidorm.
El auto, contra el que no cabe recurso y al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha sido notificado hoy mismo a las partes. En él, la magistrada María Arántzazu Llorente impone a los sospechosos una fianza conjunta de 334.933 euros para garantizar el pago de indemnizaciones a la familia del fallecido en caso de condena.
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Villajoyosa descarta el sobreseimiento de la causa solicitado por las defensas y ordena la remisión de la causa a la Audiencia Provincial de Alicante para la celebración del juicio. El auto será entregado personalmente a los procesados, que se encuentran en libertad provisional por esta causa, el próximo 4 de mayo.
La magistrada cree que existen suficientes indicios para que sean juzgados por delitos de asesinato, en concurso con atentado a la autoridad, y tenencia ilícita de armas. “En este momento procesal no cabe plantearse si existen o no pruebas de cargo que puedan ser idóneas para una condena, sino simplemente comprobar si existen o no datos indiciarios para mantener una acusación fundada”, recuerda.
La Fiscalía solicita provisionalmente sendas penas de 25 años de cárcel para los cuatro presuntos inductores del crimen: el sucesor de Ponsoda en la alcaldía, Juan Cano, también del PP, y los empresarios Salvador Ros, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto. Esa petición se eleva hasta los 27 años de cárcel respecto a los tres supuestos ejecutores del asesinato (Radim Rakowski, Robert Franek y Raúl Montero Trevejo).
Todos ellos comparecieron el pasado 23 de marzo en el juzgado en una audiencia preliminar donde las partes personadas en el proceso expusieron sus respectivas conclusiones y solicitaron la práctica de diligencias complementarias, que la instructora ha desestimado ahora.
Ponsoda recibió tres balazos sobre las 21.20 horas del 19 de octubre de 2007, cuando se disponía a aparcar su coche en el garaje de su vivienda, en una pedanía de Polop. Uno de los proyectiles quedó alojado en su cabeza y acabó con su vida ocho días más tarde en la habitación de un hospital.
Tras su muerte, le sucedió en el cargo Juan Cano, hasta entonces su teniente de alcalde, un ambicioso empleado de banca que había controlado durante años el urbanismo local. La Fiscalía atribuye a su “rencor” y a su inquina personal contra la víctima este crimen político, que arroja aún hoy más sombras que certezas.
Según el Ministerio Público, el complot se fraguó en un club de alterne de Finestrat, el Mesalina, y reunió a otros seis personajes: el dueño y el gerente del propio burdel, un empresario local del sector del calzado, dos matones checos y un narcotraficante extremeño. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a todos ellos en 2009.
La prueba fundamental sobre la que se sustenta la acusación es el testimonio de un portero con un turbio historial que tiene la condición de testigo protegido en la causa. Supuestamente, los presuntos inductores del crimen ofrecieron a este testigo 35.000 euros por ejecutar el asesinato pero él lo rechazó, por lo que recurrieron a otros tres individuos que frecuentaban los locales de alterne de la zona y tenían “fácil acceso al mercado ilegal de armas”.
La instrucción del caso ha sufrido un sinfín de vaivenes y paralizaciones. Uno de los jueces encargados de las diligencias llegó a exculpar, con el apoyo de la fiscalía, a los tres presuntos sicarios ante la debilidad de las pruebas. Las dos pistolas utilizadas para matar a Ponsoda nunca fueron localizadas y no se hallaron tampoco huellas ni pruebas biológicas que pudieran situarlos en el escenario del crimen. La Audiencia Provincial estimó sin embargo un recurso de la familia del fallecido y revocó ese sobreseimiento parcial.
