La espera por un piso de emergencia en Barcelona alcanza los nueve meses

La magnitud de la crisis de la vivienda que sufre Barcelona está impactando duro en lo que se conoce como la Mesa de Emergencias, un organismo que cada mes reúne a la Generalitat y el Ayuntamiento y en el que se valoran casos que necesitan un piso de forma urgente. Desde octubre de 2015 hasta el mes pasado, los casos que pasan por la mesa se han casi cuadriplicado (de 103 a 385) y los que se han valorado positivamente pero están pendientes de recibir un piso se han multiplicado por veinte (de 15 a 307). Son datos del Consorcio de la Vivienda, que se traducen en que la espera alcanza los nueve meses.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocupó ayer por la mañana el vestíbulo del Consorcio, en la calle de Bolívia de Barcelona, para denunciar el colapso y alertar de que no se da respuesta a las familias en situación de “emergencia habitacional”. “No sé por qué lo llaman mesa de emergencia”, ironizaba una de las portavoces de la PAH, Lucía Delgado. Hace unas semanas, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento alertó de los datos de la mesa. Los datos del Consorcio también indican como si entre 2015 y 2016 hubo un aumento de adjudicaciones, de 319 a 363, el año pasado la cifra bajó a 216. El líder del partido en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, reprochó a la alcaldesa Ada Colau que “adjudica cada vez menos viviendas y el colapso y las listas de espera son cada vez mayores”.

La PAH recordó ayer que en Barcelona hay 36.000 solicitantes de vivienda pública y que en 2017 se produjeron 2.591 desahucios en la ciudad, de los que un 85% son de pisos de alquiler. La organización denunció con su ocupación “las trabas administrativas para acceder a la mesa”, el “menosprecio de las oficinas de vivienda al criminalizarles por no poder pagar el alquiler” y las listas de espera “para tener un piso y comenzar de cero”. “Basta de pelotas fuera por parte de las administraciones y no asumir responsabilidades”, denunció la PAH.

En la protesta participaron varias familias que esperan que se les adjudique un piso. Como Nadia Mermouri, vecina de Ciutat Vella, cuyo caso valoró la mesa como merecedor de un piso pero lleva nueve meses esperando, durante los que se ha enfrentado a dos intentos de desahucio y la semana que viene tiene fijado el tercero. Mermouri, de 30 años, tiene dos hijas y dejó de pagar el alquiler cuando no se lo quisieron renovar en enero de 2017, “pese a ofrecerme a pagar 500 euros de los 645 que recibo de ayuda”. “No comía para pagar el alquiler”, recuerda, y no entiende por qué no se le entrega un piso pese a tener derecho a la adjudicación.

El Ayuntamiento no respondió ayer a la petición de este diario de valorar la situación de la mesa. Desde la Secretaría de Vivienda de la Generalitat, explicaron que el aumento de casos se ha disparado por dos razones: el drama de la subida del precio del alquiler en Barcelona y el hecho de que desde 2015 la normativa prevé que las familias que acceden a la mesa tengan más ingresos (de 1,5 veces el salario mínimo se ha pasado a 2,5 veces), de manera que entran más casos. Las mismas fuentes recordaron además que la suspensión de artículos de la ley contra los desahucios y la pobreza energética (la 24/2015) “afecta a los artículos que obligan a los privados, por lo que ha creado un gran desequilibrio y todos los esfuerzos los tienen que hacer las administraciones”.