El Gobierno renuncia a garantizar el uso del castellano en la escuela catalana

Las medidas que anunció el Gobierno de Mariano Rajoy para garantizar la escolarización en castellano en Cataluña se han quedado en nada. La Generalitat publicó ayer en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) las normas de preinscripción escolar y no hay ni rastro de la casilla lingüística que anunció —y luego matizó— el Ejecutivo central para asegurar el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos también en castellano. Sin fórmulas en la matrícula para regular ese asunto, el PP intentó ayer salir del paso con una proposición de ley a favor de un modelo de “conjunción lingüística”.

La polémica sobre la lengua en la escuela catalana viene de lejos. Según el artículo 11 de la Ley de Educación autonómica, el catalán “es la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo”. Todas las asignaturas se imparten en catalán salvo la de Lengua Castellana (dos horas semanales en Primaria, tres en Secundaria y dos en Bachillerato). Varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo reconocen el derecho a recibir la enseñanza también en castellano como lengua vehicular, pero esas sentencias nunca se han aplicado. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció que el mínimo de clases en castellano para ser considerado vehicular sería del 25%, algo que asumieron algunos colegios en los que se habían producido demandas de familias.

Con esa disputa viva y las competencias educativas en manos del Gobierno central por la aplicación del artículo 155, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró en febrero que garantizaría el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren que se enseñe a sus hijos, aunque no explicó cómo.

Colectivos como Sociedad Civil Catalana o el sindicato AMES —sin representación sindical en la escuela catalana— pidieron incluir en la preinscripción una casilla para elegir la lengua vehicular. Méndez de Vigo rechazó en un primer momento hablar de una casilla lingüística, pero la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aseguró que iba “a existir esa casilla para devolver un derecho a los padres”. Educación, no obstante, salió a corregir las palabras de la ministra y, desde entonces, ha evitado explicar cómo garantizaría el castellano en las escuelas. “Se está estudiando”, decía.

La resolución publicada ayer zanja las dudas: el documento no recoge la inclusión de ninguna casilla u otro elemento para elegir la lengua vehicular en la escuela. Un portavoz del ministerio alegó ayer que “el Gobierno no puede cambiar el modelo lingüístico de Cataluña a través del artículo 155”. En este tiempo, el Constitucional también ha anulado la fórmula que planteaba la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) para asegurar la escolarización en castellano, y que consistía en obligar a la Generalitat a pagar ayudas a las familias que lo solicitasen para que matriculasen a sus hijos en centros privados donde el castellano fuese lengua vehicular.

El PP intentó ayer salir del paso registrando en el Parlament una proposición de ley en favor de un sistema plurilingüe que derogue la inmersión e implante un modelo de “conjunción lingüística”  que permita que los escolares utilicen como lengua vehicular el catalán, el castellano y un idioma extranjero (un 25% para cada idioma y el 25% restante según cada centro). "No se trata de suprimir el catalán de la educación ni de segregar a niños por lenguas", recalcó Santi Rodríguez, diputado del PP, informa Àngels Piñol.