El Gobierno vasco quiere acordar con España y Francia cambios para acercar a presos de ETA
El Ejecutivo de Urkullu se fija el reto de lograr "una nueva política penitenciaria" y contribuir a la disolución de la banda
El Gobierno vasco se ha propuesto como reto para este año promover acuerdos con los ejecutivos español y francés y los grupos parlamentarios para "favorecer una nueva orientación de la política penitenciaria en materia de acercamiento" de presos de ETA. Este es uno de los siete objetivos que se ha marcado el Ejecutivo de Urkullu durante 2018, entre los que figura también contribuir a materializar la "disolución unilateral, efectiva y definitiva de ETA".
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha enumerado tras el consejo de hoy las siete actuaciones prioritarias en materia de convivencia y derechos humanos. El primero es contribuir a la disolución "unilateral, efectiva y definitiva de ETA", así como promover "un proceso compartido de reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado por las violaciones de derechos humanos provocadas por el terrorismo y la violencia".
Erkoreka ha señalado que el Ejecutivo autonómico tratará de lograr acuerdos con los Gobiernos español y francés, y con los partidos políticos, que permitan el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista a cárceles próximas a Euskadi, además de "consensuar las bases de un decreto que permita desarrollar legalmente políticas activas de reinserción social".
Otro de los retos para este ejercicio es defender la "legalidad y constitucionalidad" de la ley autonómica de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, conocida como ley de víctimas policiales, aprobada en 2016 y varios de cuyos artículos han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Gobierno español.
El Ejecutivo central recurrió esa norma aprobada por el Parlamento vasco al considerar, entre otras cuestiones, que la Comisión de Valoración, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a analizar casos de violencia policial, porque esta es una labor que corresponde a los jueces.
El Gobierno buscará este año "ámbitos de diálogo, cooperación y acuerdo con las víctimas del terrorismo" a través del Consejo Vasco de Participación de Víctimas y de los acuerdos de colaboración con la AVT. También seguirá promoviendo " el más amplio consenso posible" en las políticas públicas de memoria. En este sentido, trasladará al ámbito universitario el programa Adi-Adian, por el que víctimas de la violencia, entre ellas de ETA y de los GAL, dan su testimonio a los alumnos. Hasta ahora esta iniciativa se había llevado a cabo con alumnos de cuarto de la ESO y Bachillerato.
También se quiere crear el centro de recursos pedagógicos en derechos humanos de Aiete, San Sebastián, y hay previsto un congreso internacional el próximo mes de noviembre en el marco de la conmemoración del 70 aniversario de los Derechos Humanos.
En el área de convivencia, el Gobierno Vasco quiere desarrollar un documento marco para dar respuesta a la crisis humanitaria de los refugiados, aprobar la Ley de Centros de Culto, y el plan director 2018-2021 de Cooperación para el Desarrollo, crear el Consejo Interreligioso Vasco y poner en marcha las previsiones incluidas en el plan de actuación frente al terrorismo internacional.
Erkoreka ha realizado un balance positivo del plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, aprobado en octubre pasado, dado que de las 15 iniciativas recogidas en el documento, 11 se cumplieron plenamente, otras tres en un 80% y una al 60%.
Sobre la firma
