Los letrados del Parlament se inclinan por pensar que no cuenta el reloj para las nuevas elecciones

Los letrados del Parlament se inclinan por pensar que no se ha puesto en marcha el reloj y que los dos meses de plazo que establece la ley para investir a un presidente de la Generalitat aún no han empezado a contar. Los juristas de la Cámara ultiman su informe, que probablemente estará listo, este miércoles, pero fuentes parlamentarias citadas por la agencia Efe aseguran que esa será la tesis que defenderá el texto.

A falta de emitir conocer texto definitivo, los servicios jurídicos de la Cámara razonan que la ley vincula literalmente el inicio del plazo a que se haya llevado a cabo una votación de investidura,

una circunstancia que no se produjo el pasado 30 de enero. Ese día, el presidente del Parlament, Roger Torrent decidió aplazar el  pleno pocas horas antes de su inicio al considerar que no se daban todas las garantías democráticas para que la elección de Carles Puigdemont fuese efectiva.

El Estatut establece que, una vez celebrada la primera votación del debate de investidura, el Parlament tiene un margen de dos meses para elegir presidente. Si no, se disuelve la Cámara y se convocan nuevas elecciones.

La duda que se plantea es que no se ha celebrado esa votación, por lo que no se sabe si actualmente se vive una situación en la el reloj está parado hasta que vuelva a andar con la primera votación o bien ya está contando el período de dos meses desde el 30 de enero.

Diversas fuentes apuntan además que los letrados habrían frenado la emisión definitiva del informe para introducir algunas modificaciones y consideraciones dirigidas al presidente del Parlament.

Así, los juristas entienden que aunque el plazo de dos meses no debe en efecto arrancar todavía, eso no implica que el bloqueo de la legislatura se pueda alargar sine die.

En este sentido, el informe podría incluir tres posibles fórmulas para salir del bloqueo a corto plazo, recordando al presidente del Parlament que la ley le hace responsable directo de impulsar la investidura en un plazo de tiempo razonable.

Una de esas fórmulas que se podrían apuntar en el informe son que Torrent considerara proponer otro candidato. Otra sería aguardar a que el Tribunal Constitucional resuelva la admisión del recurso

del Gobierno y confirme o no las medidas que afectan a Carles Puigdemont;  y, por último, la vía aceptada por el Consejo de Estado con relación a que, si no hay un candidato en condiciones, el presidente del Parlament lo comunique al pleno y eso sirva como acto de inicio de los dos meses,

tomando como precedente lo ocurrido en el año 2003 en la Asamblea de Madrid en el llamado Tamayazo.