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Junts per Catalunya y ERC acusan al Gobierno de no respetar el 21-D

Los republicanos al Estado de cruzar las líneas rojas y Puigdemont pide la dimisión de Sáenz de Santamaría

FOTO: El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. / VÍDEO: Sáenz de Santamaría anuncia la decisión del Gobierno.

El independentismo acogió con una mezcla de perplejidad e indignación la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la designación de Carles Puigdemont. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana consideraron que un posible recurso del Estado traspasa todas las líneas rojas y coincidieron en exponer el mismo diagnóstico: que el Gobierno de Rajoy ignora los resultados del 21 de diciembre —mayoría absoluta en escaños del independentismo, aunque no en votos— y que quiere ganar en los tribunales lo que no cosechó en las urnas.

Tras conocer el dictamen no vinculante del Consejo de Estado, el expresidente Carles Puigdemont ha pedido este martes a través de las redes sociales la dimisión “inmediata” de la vicepresidenta por “el fraude de ley que pretendía orquestar”.

Visiblemente enojado, Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra, afirmó en el Parlament que el Gobierno se dedica a pisar el Estado de derecho las veces que haga falta para imponer su voluntad. El diputado recordó que en la campaña electoral preguntaron multitud de veces si el Ejecutivo central respetaría los resultados de los comicios porque en el fondo ya temían que no sería así. “Han perdido [el Gobierno del PP] el norte, los escrúpulos y la vergüenza. La represión ha venido para quedarse”, dijo invitando a los “demócratas” del resto del Estado a pronunciarse cuando Sáenz de Santamaría propone vetar a un candidato porque no le gusta.

Sáenz de Santamaría debería dimitir por el fraude de ley que quiere orquestar", dice Puigdemont

El análisis de Junts per Catalunya fue similar. “No se trata ya de que no acepten los resultados; es que los combaten”, abundó Eduard Pujol, diputado de la lista de Carles Puigdemont, que acusó al Ejecutivo de realizar “un fraude de ley”. “La democracia y la libertad vuelven a estar amenazadas en Cataluña”, afirmó. La diputada Gemma Geis avanzó que estudiarán todas las acciones legales para defender los derechos de sus diputados. “El Tribunal Constitucional no acepta nunca la impugnación de un trámite parlamentario”, afirmó Josep Costa, de Junts per Catalunya y vicepresidente del Parlament.

La medida no ha generado, de entrada, ningún cambio de posición entre los grupos independentistas que siguen con su propuesta de investir el martes a Puigdemont. “No existe ningún plan b”, insistió Sabrià. El portavoz agregó que la propuesta es legítima y que emana de las urnas. Y expuso un argumento que a su juicio es definitivo: todo el mundo sabía que Puigdemont era candidato y nadie lo impugnó. “No tienen base legal. Lo defenderemos y batallaremos donde haga falta”, afirmó señalando que los tribunales carecerán de fundamento para suspender la sesión de investidura.

La represión ha llegado para quedarse. Han perdido el norte, los escrúpulos y la vergüenza", dice el portavoz de ERC

Ciudadanos y el PP han aplaudido el recurso mientras los socialistas se han mostrado un poco más cautos, a la espera de qué dice el dictamen del Consejo de Estado, previo a un recurso ante el Tribunal Constitucional. “Estamos de acuerdo con esa decisión, desde Ciudadanos ya habíamos pedido una reconsideración de la designación de Puigdemont como candidato” ha recordado Lorena Roldán, diputada de la primera fuerza en la Cámara catalana. La formación naranja defiende que el expresidente no puede revalidar el cargo “porque está huido e imputado por cinco delitos muy graves”, ha agregado Roldán. Desde Ciudadanos han pedido que se proponga un candidato que “de verdad pueda asumir la presidencia”.

La socialista Eva Granados ha explicado que su formación pensaba tomar acciones para impedir el pleno si el expresident no se presentaba a la sesión, pero no antes. “Nuestro parecer jurídico era defender que la sesión de investidura no tendría sentido en el momento en que el candidato no estuviera presente y ahí exigiríamos que se suspendiera. Queremos escuchar que dice el Consejo de Estado”, ha explicado.

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