Ahora Madrid adjudica a dedo auditar la gestión de anteriores gobiernos
El gasto público asciende a más de 90.000 euros y en la "auditoría ciudadana" colaboran expertos afines a la coalición del gobierno local
El Ayuntamiento de Madrid adjudicó el año pasado cuatro contratos menores para elaborar informes de la auditoria ciudadana sobre los gobiernos del PP (2003-2015). El gasto fue de 64.000 euros, junto con otros 29.000 euros para campañas de promoción. Los contratos se adjudicaron a través de un procedimiento legal que permite evitar el concurso público (21.000 euros, IVA incluido, cada uno). La auditoría denunció supuestas irregularidades de los gobiernos de Gallardón y Botella. El Ayuntamiento defiende que los contratos se formalizaron dentro de la legalidad y con la "máxima transparencia".
Los contratos para la redacción de los informes de la auditoría ciudadana se adjudicaron todos el mismo día, el 1 de agosto de 2016. Se trata de "estudios de impacto" sobre diferentes áreas: Economía, Medio Ambiente y Género, por un total de 64.000 euros. Para cada uno de ellos, el Ayuntamiento empleó la vía del contrato menor, es decir, procedimientos rápidos que aseguran flexibilidad y discrecionalidad, sorteando el concurso público.
En el contrato menor, el Consistorio invita a tres empresas y elige el presupuesto más barato. Se trata de adjudicaciones que deberían limitarse a necesidades puntuales, como "comprar bombillas o servicios de fontanerías", según recoge la propia web del Consistorio, pero que el gobierno de Ahora Madrid, dirigido por Manuela Carmena, ha aplicado para estudios sobre los anteriores gobiernos municipales.
El Ayuntamiento defiende que el procedimiento de contratación elegido "responde siempre a la más escrupulosa legalidad" y que el contrato menor era "el instrumento más adecuado para el objetivo pretendido en cada contratación y ágil dentro de la norma existente". Una portavoz de Economía sostiene que los contratos se formalizaron "con la máxima transparencia" y que "en la actualidad se ha iniciado la contratación de estudios de detalle por medio del procedimiento abierto".
La auditoría ciudadana arrancó en 2015 por mandato del pleno con el objetivo de crear un organismo interno que analizara las políticas municipales a varios niveles: política, economía, sociedad y medioambiente. Tras su puesta en marcha, el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, anunció en marzo que ya se habían detectado indicios de subcontratación inadecuada y falta de control y transparencia en empresas públicas en la gestión de sus antecesores.
Unos meses después, en octubre, anunciaba que la auditoría había detectado irregularidades "de 60 y 100 millones de euros" en un contrato de 2014. Este descubrimiento se anunció el mismo día que el gobierno de Ahora Madrid aprobaba recortes millonarios en inversiones y servicios sociales, además de la puesta en marcha de venta de suelo público para cuadrar las cuentas a la Ley de Estabilidad.
El Ayuntamiento encargó la redacción de los informes a tres sociedades y una socióloga. A raíz de estos estudios y de otras "informaciones derivadas de las tareas de investigación" desarrolladas por la subdirección de la auditoría dirigida por Álvaro Sánchez Martí —un área creada ad hoc—, la coordinadora del consejo asesor de la auditoría, Bibiana Medialdea, redactó otro estudio recopilatorio que sirvió de base para revelar otras supuestas irregularidades.
Medialdea colaboró en el programa económico de Podemos y coordina un grupo de ocho expertos, algunos de ellos con experiencia académica, y que en su mayoría han apoyado algunas de fuerzas políticas de Ahora Madrid (Podemos, IU, Ganemos y Equo). Los asesores no reciben retribución y, según explica uno de ellos, desarrollan tareas más de carácter metodológico que ejecutivo. Esto significa que la adjudicación de los contratos es competencia del Área de Economía. El Ayuntamiento defiende el trabajo "independiente" de estos expertos.
A lo largo de este año, el Área de Economía también ha adjudicado contratos menores para tareas de "dinamización" de la auditoría y una campaña de divulgación, por un total de casi 29.000 euros. El gasto público en informes y campañas de promoción para la auditoría ciudadana supera de momento los 90.000 euros.
Un consejo con un marcado cariz político
La auditoría ciudadana se apoya en un consejo de economistas, sociólogos y antropólogos, cuya tarea es proponer el método más adecuado para evaluar las políticas municipales. "Este organismo no remunerado se reúne pocas veces [la última sesión fue antes del verano]", explica uno de sus miembros, quien admite la existencia de afinidad política con Ahora Madrid de algunos asesores.
La coordinadora del consejo, Bibiana Madialdea, es doctora en Economía y considerada una de las economistas de cabecera de Podemos. Asesora del programa económico del partido de Pablo Iglesias, es autora de libros como Lo llamaban Democracia: de la crisis económica al cuestionamiento de un régimen político y firma el estudio recopilatorio sobre los años de Gallardón y Botella. Ahí se desgranan muchas de las supuestas irregularidades denunciadas por Ahora Madrid: desde las obras de la M-30 a la venta de edificios como el de Alcalá y el APOT. Este periódico no ha logrado contactar con ella.
También participan el profesor de Economía Internacional Antonio Sanabria, que fue asesor económico de Podemos en Castilla-La Mancha; la antropóloga Yayo Herrero; la doctora en Economía Núria Alonso y la investigadora María Pazos, que también aparecen vinculadas a Podemos, además del sociólogo Mauricio Benito, el profesor de Economía Pedro José Gómez y el economista José Moisés Martín.
¿Es lógico que expertos que ayudan a evaluar gobiernos municipales tengan una tendencia política tan marcada? El profesor Sanabria considera que su aportación viene determinada por su trayectoria profesional, y no por su "afinidad política concreta". Herrero responde que su labor es "asesorar" para que el análisis sea "riguroso y correcto" y remarca que no forma parte de ningún partido. Martín, por su parte, subraya que el consejo da "opiniones sobre el desarrollo de los trabajos, de los que se encarga la concejalía y la subdirección". Con respeto a la supuesta "cercanía ideológica", remarca que ejerce tareas de consultoría con Administraciones de todo el espectro político.
José Luis Martínez-Almeida, portavoz municipal del PP, se muestra muy crítico. "La auditoria ciudadana no es creíble, es una pandilla de amigos de Sánchez Mato [concejal de Economía]. Solo quiere desviar la atención de sus problemas, como la desautorización de la semana pasada al tener que aprobar el plan económico y financiero (PEF)". Almeida recuerda que "en el Ayuntamiento hay una intervención, unos servicios jurídicos, unos órganos de control y fiscalización" y afirma que "Sánchez Mato debe respetar a los funcionarios y no desprestigiar su trabajo".
El Ayuntamiento defiende que estos expertos tienen un reconocimiento académico y "solvencia": "Su trabajo es independiente y ajeno a cualquier intervención del gobierno municipal. Cierto es que comparten la defensa de las políticas públicas y el rechazo a la corrupción y al desfalco en las instituciones".
