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Los medios públicos lideran el rechazo al control estatal

El inicio de los trámites para la aplicación del artículo 155 ha provocado las primeras reacciones de resistencia a la medida

Las instalaciones de TV3 en Sant Joan Despí.
Las instalaciones de TV3 en Sant Joan Despí.Massimiliano Minocri
Oriol Güell

El inicio de los trámites para la aplicación del artículo 155, anunciado el sábado por el presidente Mariano Rajoy, ha provocado las primeras reacciones de resistencia a la medida. Los medios públicos —TV3, Catalunya Ràdio y la Agencia Catalana de Noticias (ACN)— han sido los primeros en mostrar su rechazo a la previsible tutela del Gobierno central. El sindicato mayoritario de la enseñanza, Ustec, anunció que “no reconocerá como interlocutores válidos” a aquellas personas que asuman las competencias en el ámbito educativo.

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La reacción de los medios públicos fue casi inmediata al anuncio de Rajoy. Los comités profesionales y de empresa salieron al paso con sendos comunicados y, en el caso de Catalunya Ràdio, anunciaron su intención de “no reconocer la autoridad” de un nuevo director si el actual, Saül Gordillo, es relevado del cargo. La plantilla de la ACN suscribió por su parte que se opondrá “con toda la vehemencia posible” a una hipotética nueva dirección impuesta vía artículo 155.

A esta posición se han sumado decenas de profesionales, que han recibido el apoyo de entidades como el Colegio de Periodistas de Cataluña y de trabajadores de otros medios. El Sindicato de Periodistas de Cataluña calificó en un comunicado de “intervencionismo desmedido” el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros y mostró “todo el apoyo a los trabajadores de los medios públicos en las manifestaciones de rechazo que sin duda se producirán”.

La estructura de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) está encabezada por un presidente y un consejo de gobierno formado por seis personas, nombradas por el Parlamento catalán, que en este punto requiere una mayoría de dos tercios. Es este órgano el que nombra y cesa a los directores de los medios públicos.

Aunque el acuerdo del Consejo de Ministros aprobado el sábado no va más allá de señalar que “corresponderá a los órganos o autoridades que se cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación” garantizar que la información ofrecida es “veraz, objetiva y equilibrada” y “respeta los valores y principios contenidos en la Constitución”, este enunciado abre la puerta a la intervención de los medios por parte del Gobierno central.

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Las llamadas al desafío a la previsible activación del artículo 155, pendiente de la votación en el Senado el viernes, se extendieron también al ámbito educativo. Algunos directores de centros escolares mostraron ayer su intención de no aceptar otra autoridad que la de los actuales miembros de la Generalitat, mientras el sindicato Ustec aseguró que no reconocerá “como interlocutores válidos a aquellas personas que no sean representantes de la legitimidad popular”. Ustec hizo un llamamiento a “resistir”.

Las redes sociales se convirtieron ayer en un goteo de decenas de entidades, funcionarios y algunos cargos públicos que también mostraron su intención de “no acatar” o “no reconocer” posibles cambios en sus departamentos que pudieran producirse si el Senado activa el artículo 155.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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