Andalucía multará con hasta 60.000 euros a las empresas que no reduzcan sus emisiones de gases
El Consejo de Gobierno aprueba y remite al Parlamento el proyecto de ley sobre cambio climático
El proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno andaluz, contempla sanciones de hasta 60.000 euros para aquellas empresas o Administraciones que no reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, estas compañías no podrán concurrir a subvenciones, ayudas o concurso públicos, tal y como ha explicado el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal. El texto, que será remitido al Parlamento, fija como objetivo mínimo para 2030 la reducción de un 18% de las emisiones con respecto a las de 2005, que fue de 4,28 toneladas de dióxido de carbono por habitante y año.
El proyecto de ley, cuya tramitación se ha prolongado tres años, obliga a presentar planes de reducción de emisiones a más 621 empresas y Administraciones (aquellas que consumen más de tres gigavatios/hora de electricidad). La industria queda fuera por estar sujeta a otro tipo de régimen. "La mayoría de estas empresas ya cuentan con un plan", ha apuntado el consejero, quien ha reiterado que "las sanciones, para nada, son la principal vocación" de la normativa. El texto contempla tanto faltas leves (con multas de hasta 30.000 euros) y graves (de entre 30.000 y 60.000). El proyecto también recoge que los municipios con más de 50.000 habitantes deberán elaborar "obligatoriamente" programas de cambio climático en el marco de sus competencias e incorporarlos a la planificación local. "La ley pretende elevar al máximo rango jurídico los planes que la Junta desarrolla desde 2002 contra los efectos de este fenómeno", ha apuntado Fiscal.
La norma se dirigirá a las denominadas "emisiones difusas", que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático y que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. El consejero ha explicado que los objetivos de reducción de emisiones se adaptarán cada seis años en función de los datos y acuerdos nacionales o internacionales que se puedan alcanzar. La futura norma andaluza es segunda de estas características en España, tras la aprobada en Cataluña, aunque en este caso se ajusta a los acuerdos de la Cumbre de París, suscritos por un centenar de regiones del mundo para lograr que la temperatura no supere en dos grados la que había en la era preindustrial.
El texto prevé también la puesta en marcha del Plan Andaluz de Acción por el Clima, que marcará los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales. Este documento, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno, contendrá los programas en estos ámbitos y en el de la comunicación, además de incluir el diagnóstico y las acciones que corresponda desarrollar a las consejerías y a los Ayuntamientos.
Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, el texto incluye nuevos instrumentos obligatorios y voluntarios. Entre los primeros, de aplicación a las Administraciones públicas y el sector privado, se encuentra el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), un instrumento pionero en España que incluirá en la lucha contra el cambio climático las actividades de elevado consumo energético, creando nuevas obligaciones de transparencia y reducción de la contaminación. El SAER se aplicará una vez esté elaborado el reglamento de desarrollo de la ley, dentro de dos años desde su entrada en vigor.
En el ámbito voluntario, el proyecto de ley recoge la habilitación del Registro de la Huella de Carbono de Productos y Servicios, una herramienta para medir y comunicar las emisiones de los productos o servicios que se ponen en el mercado. La nueva norma también contendrá instrumentos voluntarios para la compensación de emisiones de CO2 mediante su absorción por sumideros naturales vinculados principalmente a proyectos forestales, dada la capacidad de los bosques para absorber el carbono.
Como instrumentos técnicos de referencia para la planificación y la toma de decisiones, se elaborarán los Escenarios Climáticos de Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que incluirá datos de emisión por fuentes y de absorción por sumideros, y la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía para la integración del conocimiento científico generado en los centros de investigación andaluces.
Nueva multa en materia hipotecaria
El Consejo de Gobierno ha acordado sancionar con 2,37 millones de euros a la entidad Caixabank por falta de información en relación con los contratos hipotecarios y por no atender a los requerimientos formulados por la Administración. Con este son ya ocho los expedientes sancionadores a entidades bancarias resueltos por el Consejo de Gobierno en lo que va de año, con casi 11,5 millones de euros por las infracciones y el comiso de las cantidades indebidamente cobradas.
El procedimiento se inició en diciembre de 2016, tras la recepción de 352 denuncias de particulares. La sanción impuesta a Caixabank incluye 380.000 euros por una infracción muy grave y otra grave contra la legislación vigente de defensa de los consumidores. Además, se acuerda el comiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en 1.997.182 euros.
La infracción calificada como muy grave, sancionada con 350.000 euros, se deriva de la falta de información de prestación de servicio. En un gran número de las denuncias analizadas se comprobó que la entidad infractora no había aportado los datos precontractuales que son obligatorios o los había facilitado defectuosamente, tanto en el contenido como en la forma y en el plazo. Por su parte, el incumplimiento de las medidas y requerimientos realizados por la Administración a la entidad en relación con estas prácticas ha sido calificado como infracción grave.
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