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Fracasa la primera medida de Colau para desincentivar el alquiler de pisos turísticos

Ningún propietario de apartamentos se ha apuntado a la medida anunciada en 2015 y que permitía la condonación del 80% de las multas si destinaban el inmueble al alquiler social

Protesta contra uno de los pisos turísticos de la plataforma Airbnb.
Protesta contra uno de los pisos turísticos de la plataforma Airbnb.

Semanas después de ganar las elecciones en 2015 el equipo de gobierno de Ada Colau anunció una serie de medidas para combatir, entre otras, la presión turística. La herramienta estrella que anunció el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, fue una prueba piloto que proponía condonar el 80% de la multa a los pisos turísticos ilegales denunciados en Ciutat Vella a cambio de que los propietarios que operaban sin licencia los destinaran al alquiler social. Dos años más tarde ningún propietario se ha acogido a esta oferta.

La medida proponía a los dueños de 330 apartamentos sancionados con una multa de 15.000 euros de media perdonarles 12.000, el 80%, si cedían el piso durante tres años a la Mesa de Emergencia Social de la Vivienda para alquilarlos a familias en situación de emergencia. La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, recordaba entonces, el 5 de agosto de 2015, que en su distrito se producían una media de 250 desalojos mensuales.

El PP en el Ayuntamiento de Barcelona denunció ayer que transcurrido dos años desde la novedosa iniciativa ni un solo propietario se ha acogido a la medida municipal. Alberto Fernández Díaz criticó la “mala gestión” del equipo de gobierno. Para el líder popular las medidas de Colau “solo pretenden silenciar la incapacidad del gobierno para reconducir la gestión del turismo y desviar la atención de sus verdaderas carencias de gobierno”.

Desde el Consistorio admitieron que la medida no ha funcionado aunque mantienen que la lucha contra los apartamentos turísticos ilegales está recogiendo frutos.

Fernández Díaz lamentó que “pese a que antes de entrar al gobierno, la alcaldesa y su concejal, Gala Pin, se manifestaban para criticar la gestión turística, con ellas, dos años más tarde, la situación ha empeorado, y el gobierno municipal ha perdido el control del turismo”. El popular mantiene que para combatir a los apartamentos turísticos se requiere “ley, sanciones, inspecciones y Guardia Urbana”.