La Generalitat se aferra a su plan secesionista, pese a la ofensiva judicial
Junts pel Sí y la CUP prevén registrar el próximo lunes en el Parlament la ley del referéndum
El Gobierno catalán mantiene intacto su plan para celebrar el referéndum de independencia del 1 de octubre y continuar con el proceso secesionista, pese a los interrogatorios que está realizando la Guardia Civil los últimos días contra diversos cargos de la Generalitat. En esa línea, Junts pel Sí y la CUP prevén registrar el próximo lunes en el Parlament la ley del referéndum y este viernes se aprobará el Código Tributario de Cataluña para construir la Hacienda Catalana.
El convencimiento del secesionismo de seguir adelante será claro si registra la ley del referéndum, aunque existen discrepancias entre los partidos. La CUP y Esquerra son partidarios de ir de frente y evitar las reservas sobre el contenido del texto y el PDeCAT defiende que no se deje huella de la ley con tanta antelación antes de aprobarla, para no facilitar otro recurso del Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional.
Al acabar el Pleno de hoy viernes se reunirá la Mesa del Parlament para finiquitar el periodo de sesiones. Sin embargo, Junts pel Sí y la CUP quieren registrar el lunes la ley del referéndum, aunque su tramitación formal no se iniciará hasta que empiece el nuevo ciclo. Será el 16 de agosto, después de la reforma del Reglamento que se aprobó el miércoles y que el Consejo de Ministros aprobará este viernes llevarla también al Constitucional en lo que se refiere al artículo que prevé aprobar una ley por lectura única.
El primer pleno del Parlament está convocado para el 6 de septiembre y se prevé que será entonces cuando se apruebe la ley del referéndum. Queda pendiente también la ley de ruptura, cuya presentación se había anunciado para esta semana y sobre la que Junts pel Sí y la CUP discrepan acerca de si se ha de aprobar antes o después del referéndum.
La patronal: “Es un golpe de Estado jurídico”
La patronal catalana Fomento del Trabajo considera que la anunciada ley de referéndum no debería llegar al Parlament y que aprobarla supondría “un golpe de Estado jurídico contrario al derecho interno e internacional”. El empresariado razona que la ley “impone una declaración unilateral de independencia exprés con una simple mayoría de votos” y supone un “ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles”.
Asimismo, concluye que el problema que plantea “la legítima reivindicación catalana del reconocimiento de su singularidad dentro del Estado español” debe solucionarse “por la vía de la negociación y dentro del respeto a los principios de democracia y legalidad”. La comisión jurídica de Fomento del Trabajo, que es la redactora del informe, entiende que a esa negociación política “se debe acudir con ofertas y voluntad de renuncias por ambas partes”.
Lo que sí se aprobará este viernes en el Parlament es la ley del Código Tributario de Cataluña, que amparará la futura Hacienda catalana y desarrolla una de las llamadas “estructuras de Estado”. Formalmente se trata de una ley que entra en las competencias de un Gobierno autónomo, aunque está pensada para ser un contenedor al que se incorporen nuevos organismos y un sistema fiscal que recaude todos los impuestos de Cataluña en caso de que se consume la independencia.
El pleno también aprobará los tres primeros libros del Código Tributario, referidos a la Agencia Tributaria de Cataluña ya existente y que creó el Tripartito, pero también un Consejo Fiscal y un organismo de investigación sobre la fiscalidad, considerados el embrión de la Hacienda catalana.
Queda por ver cómo queda redactada finalmente la ley, pues el Consejo de Garantías Estatutarias dio la razón al PSC y a Catalunya sí que es Pot y dictaminó la semana pasada que algunos artículos del Código Tributario eran inconstitucionales. En concreto, el informe reprocha que no se incluya ninguna referencia expresa a la Constitución ni al Estatuto y que, a la hora de citar las fuentes del ordenamiento tributario, la ley aluda al “bloque de constitucionalidad”.
El dictamen asegura que la utilización de “expresiones que no son de uso común no es la técnica más clarificadora ni pertinente” y que se vulnera del principio de seguridad jurídica porque el redactado produce “efectos nocivos e incertidumbre”.
