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Cae una red que cobraba 14.000 euros por amañar matrimonios para regularizar inmigrantes

La policía hace 17 detenciones en Barcelona y Tarragona

Marc Rovira
La Policía Nacional desarticula una red por amañar matrimonios para regularizar inmigrantes.
La Policía Nacional desarticula una red por amañar matrimonios para regularizar inmigrantes.

Una operación de la Policía Nacional contra la inmigración irregular se ha saldado con 17 detenciones en poblaciones de Barcelona y Tarragona y ha propiciado el desmantelamiento de una red criminal que se había especializado en falsificar documentos para la obtención de permisos de residencia. La banda acordaba matrimonios de conveniencia entre extranjeros y españoles a cambio de un pago de dinero que podía ascender hasta los 14.000 euros.

La organización había perfeccionado varios mecanismos para regularizar a inmigrantes llegados de Asia, Pakistán e India principalmente. Tenía su principal base de operaciones en la provincia de Barcelona, aunque también contaba con ramificaciones en otras comunidades autónomas así como en el extranjero. La policía ha practicado detenciones en Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y en Salou. Los detenidos contactaban con inmigrantes en situación irregular en España y se encargaban de facilitarles documentos falsos para la obtención de permisos de residencia y trabajo que, a su vez, les permitían viajar a cualquier Estado de la Unión Europea. También proporcionaban tarjetas de identidad de familiar comunitario para ciudadanos de Pakistán e India, con las que podían acceder al territorio Schengen.

Detenidos siete intermediarios de otra red en Madrid

EUROPA PRESS

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho intermediarios integrados en una organización dedicada al tráfico de personas con destino a distintos países del norte de Europa, en el marco de una nueva fase de una investigación contra una red que falsificaba documentos para favorecer la inmigración irregular de ciudadanos de Oriente Medio, principalmente de países como Irak, Siria o Afganistán.

Los arrestados captaban inmigrantes a los que la banda facilitaba visados falsos que estampaban en sus propios pasaportes con los accedían al espacio Schengen. La organización se embolsaba unos 2.000 euros por cada documento, cantidad que podía verse incrementada si el cliente contrataba los servicios de un 'pasador' que le acompañara en los cruces de frontera.

Estos arrestos se suman a los de otras ocho personas en el marco de una primera fase de la investigación llevada a cabo por la Policía el pasado mes de marzo en Grecia, Bélgica y España. Los investigadores realizaron entonces cinco registros domiciliarios en Madrid, dos en Atenas y uno en Bruselas, en los que se intervino documentación que, tras ser minuciosamente analizada, les permitió comprobar la existencia de más personas implicadas en la actividad delictiva.

La operación se ha saldado con la detención de siete personas en Madrid y una más en Bilbao dedicadas a las labores de captación de clientes e intermediación entre éstos y el principal responsable de la organización, según ha informado la Policía en un comunicado.

En total son ya dieciséis los miembros detenidos, aunque la operación continúa abierta y la Policía no descarta realizar alguna detención más para la completa desarticulación de la organización. La organización criminal estaba estructurada en torno a un líder y toda un red de intermediarios, procedentes de Siria e Irak, unidos entre sí por vínculos familiares o de amistad.

Según ha destacado la policía en un comunicado, la banda había alcanzado un "altísimo" nivel de especialización y era capaz de proporcionar toda clase de documentos, desde libros de familia o certificados de empadronamiento a ofertas de trabajo.

Una de las actividades que más réditos daba al grupo era la organización de matrimonios de conveniencia entre inmigrantes y nacionales españoles o de otros países comunitarios. La banda canalizaba por vía matrimonial la regularización de los inmigrantes irregulares y se embolsaba entre 9.000 y 14.000 euros por cada unión fraudulenta.

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