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OPINIÓN »

Desprotección digital

No deberíamos estar en contra de las plataformas colaborativas, sino de la captura extractiva que se está produciendo de las oportunidades de intercambio que ofrece la economía digital

Este domingo los repartidores a domicilio de comida realizaron una concentración en Barcelona en defensa de sus derechos laborales. Nada nuevo si no atendemos al hecho que se trata de un conflicto entre “emprendedores autónomos” y una plataforma digital (Deliveroo) que trata, precisamente, de evitar establecer relaciones laborales convencionales con sus distribuidores. El cuento es que, por un lado, una persona quiere que alguien le traiga comida de un restaurante concreto a su casa. Y, por otro lado, otra persona con bicicleta (o moto) está dispuesta a transportar cualquier cosa si alguien le paga por ello. En medio existe una plataforma que hace de intermediaria, canalizando peticiones y ordenando el “tráfico”. La plataforma ingresa un porcentaje por la transacción, el restaurante cobra por su comida y el rider o recadero cobra el transporte. La plataforma niega la condición de trabajadores a su cargo de los repartidores. Son “contratistas independientes” que reciben una retribución que varía en función de las entregas que realizan.

Puede parecer distinto, pero algo parecido ocurre con plataformas como AirBnB o Uber. Como explicó Yochai Benkler, catedrático de la Universidad de Harvard, hace unos días en Barcelona, estas plataformas sirven para colocar en el mercado “excedentes de la capacidad de servicio” de cualquier proveedor. Tengo un auto y puedo transportar gente cuando no lo uso. Tengo un apartamento o una habitación que no utilizo en ciertos momentos y que otro podría tener interés en usar. Dispongo de una bicicleta y puedo transportar cosas rápidamente en mi tiempo libre si alguien precisa de mis servicios. Mi restaurante puede hacer más platos de los que los clientes son capaces de pedir en cada momento. Las plataformas lo que hacen es facilitar que ese “exceso de capacidad” de las distintas partes en juego pueda ser canalizado. Se nos presenta, por tanto, como “economía colaborativa”. “Colaboran” en que todos ganen. Pero, como hemos visto en el caso de los riders, parece que no todos opinan lo mismo. De hecho, por su propia posición en las transacciones, tratan de evitar el ser consideradas como empresas contratadoras, sino simplemente intermediarias. Pero, el problema es que precisamente, por su posición de intermediación, acumulan una información que es totalmente asimétrica en relación con los otros participantes en las transacciones.

Tienen información precisa de los gustos e intereses de los consumidores. Disponen asimismo de información sobre lo que ofrecen propietarios, restaurantes o chóferes. Los demás actores no disponen de esa información. Esa información, tratada con algoritmos que solo esas empresas controlan, determinan precios y transacciones. Escapan asimismo de las exigencias que esos servicios implican en términos de seguridad, acceso de discapacitados u otros requerimientos. El sistema de rating o de estrellas que se usa para determinar el grado de satisfacción sobre el servicio, no permite saber si hay sesgos (sobre diversidad étnica, de género o de otro tipo) en las consideraciones finales. Al final, es precisamente la información de que disponen las plataformas la que genera su capacidad extractiva sobre la colaboración entre ofertantes de servicios y demandantes de los mismos. Esa intermediación, lejos de ser “colaborativa” es claramente extractiva, y coloca en situación de privilegio a esa plataforma por la asimetría en la información de que dispone y que le acaba permitiendo determinar precios u opciones, o castigar o premiar a los que acaban realmente estableciendo la transacción.

La Unión Europea no acaba de ser resolutiva al respecto. Hace unos días se publicó una resolución del Parlamento Europeo en la que se reclama mayor implicación en un tema que de mover 10 millones de euros en el 2013 supera largamente los 30 este pasado año, con un beneficio para las plataformas que pasó de uno a más de cinco millones de euros en ese periodo. Y estamos empezando. En la resolución del Parlamento se pide asegurar los derechos laborales y sindicales de los “emprendedores autónomos” y que exista un control sobre el rating o evaluación de cada uno, ya que al final será eso lo que determine su valor profesional o mercantil. Mientras se mantenga la asimetría de información antes mencionada, las plataformas practican un abuso de posición dominante que dista mucho de los ideales de competitividad que la Unión Europea que le han servido de guía en todos estos años de austeridad. No deberíamos estar en contra de las plataformas colaborativas, si son abiertas y democráticamente gobernadas, sino de la captura extractiva que se está produciendo de las oportunidades de intercambio que ofrece la economía digital.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB