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Funcionarios del Sergas defienden a sus jefes imputados por retrasar fármacos de la hepatitis C

La acusación valora pedir la imputación de uno de esos testigos por las “contradicciones” en las que incurrió en su declaración

Emilio Camino, a su llegada a los juzgados de Santiago.
Emilio Camino, a su llegada a los juzgados de Santiago.

Los subordinados de los dos altos cargos sanitarios del gobierno gallego que están imputados por homicidio profesional grave por haber retrasado o negado “por razones presupuestarias” los costosos fármacos eficaces en el tratamiento de la hepatitis C, con el resultado de seis muertes, cierran filas en torno a sus superiores. El juez que instruye esta causa, Andrés Lago Louro, citó a declarar, inicialmente como testigos, a tres de estos profesionales cuando el pasado febrero los dos altos cargos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) imputados, Félix Rubial y Carolina Gómez-Criado, descargaron sobre ellos la responsabilidad del delito que se les imputa.

Ambos aseguraron que ellos solo firmaban la comunicación de la resolución pese a que la fiscalía y la acusación popular, ejercida por la asociación de afectados, precisaron que no existe más documento que el que llevaba sus rúbricas y se enviaba a los hospitales. Este miércoles, los directores de Recursos Económicos de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña y Santiago, Emilio Camino Fernández y María José López Rebollo, dejaron claro ante el magistrado que su posición en el organigrama de la Consellería de Sanidade les impide tomar cualquier decisión.

Aseguraron que su papel se limita a firmar los pedidos para efectuar la compra de los medicamentos que les indica la dirección de Farmacia del hospital. No obstante, eximieron igualmente de responsabilidad a sus superiores. En la misma línea se produjo la declaración del tercer testigo, Santiago Tomé Martínez de Rituerto, hepatólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y miembro de la Subcomisión Especial de Farmacia para el tratamiento de la hepatitis C, además de médico de una de las víctimas mortales.

Tomé aseguró ante el juez que “todo se hizo bien” y destacó que la actitud de sus dos superiores imputados fue siempre de “preocupación constante por los pacientes”. Los tres testigos acudieron al juzgado acompañados de los abogados del Sergas que defienden a los imputados y, según la acusación popular, prestaron un testimonio “muy orientado políticamente” en un papel de “meros legitimadores” de sus superiores.

La acusación sostiene que analizará con detalle la declaración del hepatólogo porque cree que ha incurrido en contradicciones al hacer “determinadas afirmaciones que chocan con lo que está acreditado documentalmente”. En caso de confirmarse su sospecha, valorarán junto con la fiscalía si piden su imputación. Los dos cargos sanitarios de la Xunta investigados en la primera causa judicial abierta en España por las demoras que sufrieron los enfermos de hepatitis C para recibir sus tratamientos fueron inicialmente imputados por prevaricación.

El juez instructor, Andrés Lago Louro, desoyó la petición de la fiscalía de imputar a los dos responsables del Sergas por homicidio por imprudencia grave vinculando las muertes de seis enfermos a una demora “injustificada” impuesta por la Xunta de Galicia “por razones presupuestarias” y no médicas. Fue la Audiencia Provincial de A Coruña la que el pasado diciembre ordenó al magistrado que incluyera la imputación de homicidio demandada por el fiscal en un recurso al que se adhirió la plataforma de afectados.

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