El fiscal pide 3 años y medio de cárcel para Díaz Ferrán por amaños en puertos de Baleares
El ministero público solicita penas que suman más de 50 años de cárcel para 12 personas por el caso 'Mar Blau'
La fiscalía anticorrupción pide tres años y seis meses de cárcel para el expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por el presunto amaño de concursos para la gestión de amarres en varios puertos de Baleares. El pasado julio un juzgado de instrucción de Palma abrió la vía para juzgar a Ferrán por el llamado caso Mar Blau. El magistrado aludió a un "estado de corrupción sistémica" existente en la Autoridad Portuaria de Baleares, el organismo encargado en gestionar los amarres y las infraestructuras náuticas de los puertos de las islas. El fiscal Juan Carrau acusa ahora a Díaz Ferrán de un presunto delito de alteración de subastas y concursos públicos y otro de falsedad documental. En total, pide sentar en el banquillo a doce personas entre altos cargos de Autoridad Portuaria, funcionarios y empresarios, para quienes pide penas que suman más de 50 años.
El fiscal acusa a los cargos de Autoridad Portuaria de Baleares de concertarse con varios empresarios que gestionaban empresas del sector náutico para realizar acciones "que evitaban cumplir la legalidad" en contrataciones públicas al tiempo que favorecían "de forma arbitraria" a empresas y personas. El fiscal apunta a Díaz Ferrán y a su entonces socio, Gonzalo Pascual, como "las personas que participaron activamente en las gestiones para alterar el resultado del concurso de Mahón". También pide enviar al banquillo al que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares con el PSOE, Francesc Triay.
Según el escrito de la fiscalía, el ya fallecido presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares hasta 2007 y exlíder del PP balear, Joan Verger, ofreció a los responsables del Club marítimo de Mahón en Menorca alterar a su favor el resultado del concurso público para gestionar los amarres en la zona. El concurso iba a ser concedido a la empresa Trapsayates, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. Para alterarlo, el fiscal relata cómo Verger ofreció a los directivos del club menorquín la posibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa de Díaz Ferrán para que recibiera dinero y amarres a cambio de renunciar a la adjudicación.
Dádivas a funcionarios
Trapsayates finalmente renunció al concurso de Mahón a cambio de 13.000 euros, tres amarres en Menorca valorados en 4,5 millones de euros y la concesión de otro concurso de gestión de atraques en Ibiza, según la fiscalía. Esta contraprestación de 13.000 euros se disfrazó mediante un contrato "absolutamente simulado" para "la realización de estudios (...) relativos a la viabilidad económica, productiva comercial y financiera de la gestión directa o mediante contrato de amarres", recoge el escrito.
Carrau también dirige su escrito de acusación contra dos funcionarios de la Autoridad Portuaria que presuntamente recibieron dos cocinas de personas no identificadas pero vinculadas a la empresa Dragados. Además, acusa a un empresario de regalar una casa con garaje y trastero en primera línea de Sant Ferrán de Ses Roques en Formentera a un funcionario de puertos que presuntamente le ofreció información privilegiada para hacerse con el concurso de amarres en el puerto de la Savina en Formentera.
