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La Generalitat no podrá cobrar la tasa a los pisos turísticos ilegales

El Gobierno catalán solo podrá gravar los apartamentos legales tras aceptar una enmienda de Si que es Pot a los Presupuestos

Turistas en un piso de la Barceloneta.
Turistas en un piso de la Barceloneta.

El Gobierno catalán ha chocado con varios problemas que le complicarán su intención inicial de cobrar una tasa a todos los apartamentos turísticos, con independencia de si son legales o no que se anuncian en plataformas como Airbnb. En el texto definitivo de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos consta que solo podrá percibir ese tributo en el caso de que los pisos estén registrados legalmente. Junts pel Sí aceptó esa modificación en la ley a raíz de una enmienda de Sí que es Pot. Además, para que pueda recaudar a través de Airbnb deberá lograr que esta firma permita que se audite su sistema informático.

L’Hospitalet suspende licencias para apartamentos

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat ha suspendido la concesión de licencias para pisos turísticos en la ciudad después de detectar un incremento de solicitudes en los últimos 15 meses. La moratoria afecta a los alojamientos turísticos que se pueden instalar en edificios de viviendas y que pueden generar molestias por ruido o actitudes incívicas al resto de vecinos de la finca.
A partir de ahora, el Consistorio realizará un estudio que determinará las características y la situación que tiene que cumplir esta actividad para hacerlas compatibles con su entorno.

Los responsables de la Hacienda catalana anunciaron cuando presentaron la batería de impuestos que iría en la ley de Acompañamiento su pretensión de que todos los apartamentos turísticos, con independencia de si operaban legalmente o no, abonaran la tasa turística. Pero la ley, de entrada, ha sufrido un cambio sustancial. El Ayuntamiento de Barcelona instó al grupo de Catalunya Sí que Es Pot a introducir una enmienda que fue aceptada para que solo tributen los pisos legales.

El Consistorio considera que lo contrario sería legitimar una oferta contra la que Barcelona ha declarado la guerra. La enmienda se introdujo en el artículo 38 y especifica que el código identificativo de los apartamentos turísticos se tendrá que “asignar a partir de la identificación del establecimiento o el equipamiento en el Registro de Turismo de Cataluña”, es decir, solo se examinarán los legales.

Al Departamento de Empresa y Conocimiento le interesa la legalidad de la oferta. En el Departamento de Economía y Hacienda, en cambio, señalan que todo el mundo tiene que pagar impuestos, sea cual sea su estatus legal. La ley de Acompañamiento prevé la figura del asistente en la recaudación del impuesto turístico, que debe ser habilitado por la Administración. La idea es que plataformas como Airbnb canalicen la tasa, con lo que en ese caso la Generalitat podría recaudar la de apartamentos tanto legales como ilegales. Sin embargo, ahí también hay una dificultad. La Generalitat deberá firmar convenios con las empresas, pero estas deberían, como dice la ley, estar dispuestas a auditar sus sistemas informáticos para garantizar el correcto cobro del impuesto.

A pesar de todo, el Ayuntamiento y la Generalitat cerraron filas en su lucha contra los apartamentos turísticos ilegales y firmaron ayer un convenio que potencia la coordinación entre las dos administraciones. En materia legal, por ejemplo, compartirán los mismos argumentos jurídicos para que en cualquier contencioso ni particulares ni empresas puedan alegar que las administraciones se contradicen.

El Ayuntamiento y la Generalitat han firmado un convenio para luchar juntos contra los pisos ilegales

El consejero de Empresa, Jordi Baiget, subrayó que a partir de los planes de choque contra los pisos ilegales se han regularizado 57.497 viviendas de uso turístico y 235 fincas de apartamentos desde 2012. En total, son 303.600 camas. El Gobierno estima que esta regulación afecta al 66% de la oferta global del sector en Cataluña. El 34% correspondería a 40.000 pisos turísticos ilegales. Tanto Baiget como Agustí Colom, concejal de Turismo, subrayaron que el convenio es una señal “inequívoca” de la voluntad de luchar contra la ilegalidad.

Baiget se refirió sobre todo a la molestia que causa entre los vecinos y Colom del impacto negativo que tiene sobre el mercado residencial, en el que los precios se han disparado. La actividad inspectora de la Generalitat ha permitido abrir 841 expedientes sancionadores a propietarios, de los que 658 han acabado con multas de entre 3.000 y 30.000 euros. En Barcelona, el Ayuntamiento ha abierto 3.660 expedientes, 1.715 sancionadores. Ha emitido 1.049 órdenes de cese y ha cerrado 247 pisos ilegales. En el caso de las plataformas —que las dos Administraciones han multado por anunciar oferta ilegal— ha abierto 146 expedientes.