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La Generalitat se conjura para mantener el referéndum

El Gobierno catalán asegura que respetará "íntegro" su propuesta de consulta

La vicepresidenta del Gobierno catalán, Neus Munté.
La vicepresidenta del Gobierno catalán, Neus Munté. EFE

La Generalitat no da muestras de dar marcha atrás en la convocatoria de un referéndum de independencia, pese a las investigaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la última resolución del Tribunal Constitucional, que suspende las asignaciones presupuestarias para la consulta. La portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, aseguró ayer que mantienen “íntegro” su compromiso de convocar el referéndum, si bien no aclaró cómo lo harán. Solo explicó que tienen que analizar el fallo: “Nos defenderemos”, afirmó Munté.

“Es una advertencia en la línea de los anteriores”, intentó quitar hierro Munté a la última resolución del Constitucional, pese a ser consciente de que va dirigido a los miembros del Gobierno y que bloquea durante cinco meses cualquier asignación para convocar un referéndum. Si ante ese nuevo fallo sus respuestas fueron tranquilas, su tono viró cuando se refirió a las actuaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, reveladas este lunes por EL PAÍS.

En ese ámbito, el Gobierno catalán, como señaló Munté, considera que sus actuaciones “se ajustan a derecho” y que desde las instituciones del Estado se intente generar un clima de duda permanente sobre la legalidad de sus acciones. “Seremos muy contundentes”, dijo respecto a posibles respuestas, si bien tampoco aclaró cómo harán visible esa firmeza. Sí negó la posibilidad de que las actuaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional puedan acabar derivando en el bloqueo de la convocatoria del referéndum.

La lectura que hacen fuentes del Gobierno catalán es que después de la aprobación de los Presupuestos con el apoyo de la CUP se ha abierto un nuevo escenario político. El PP y Mariano Rajoy, sostiene la Generalitat, confiaban en que los anticapitalistas no darían su apoyo a las cuentas, que el independentismo volvería a mostrar una división irreconciliable y que la promesa de Carles Puigdemont de “referéndum o referéndum” quedaría en papel mojado ante la imposibilidad de seguir adelante con la legislatura y la necesidad de convocar nuevas elecciones. En resumen, que el independentismo colapsaría internamente.

Nada de eso ha sucedido. La CUP se comprometió a regañadientes a finales de enero a facilitar la aprobación de los Presupuestos y Junts pel Sí se aseguró así poder seguir gobernando. Fue entonces cuando, según la Generalitat, desde el Gobierno del PP se percibió el alcance real del desafío soberanista y que Puigdemont llegaría hasta el final. Todo eso provocó que se activara aún más la maquinaria judicial para contrarrestarlo.

“Lo preocupante para nosotros es que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional se pongan en marcha para frenar el proceso, no la presión de la CUP repartiendo miles de papeletas por la calle con la pregunta del referéndum”, dicen fuentes de la Generalitat para mostrar su inquietud por las actuaciones de la fiscalía. Esta, a través de la Guardia Civil, ha exigido a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad de Barcelona y Madrid información detallada sobre los contratos que hayan suscrito con el Gobierno catalán para poner en marcha la agencia tributaria o los servicios de inteligencia de una hipotética Cataluña independiente.