Alcalá, condenada a abonar 1,1 millones porque el anterior equipo del PP no pagó un alquiler

“Es una sentencia más, nos sentimos como en un campo de minas que hemos heredado del anterior equipo de Gobierno [del PP]”, sostiene el alcalde, el socialista Javier Rodríguez, en referencia a la sentencia que les obliga a abonar 1,1 millones de euros más el interés a los propietarios de un inmueble. La sentencia no es firme y proviene del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alcalá de Henares, del 1 de diciembre pasado.

El origen del conflicto se remonta a primeros del año 2009, cuando el Ayuntamiento alquiló un local en la calle Santa Úrsula de Alcalá de Henares para albergar dependencias municipales. Pero en 2011 el equipo de gobierno dejó el edificio y resolvió el contrato “por razones de interés público”. Los propietarios denunciaron que la rescisión del acuerdo entre ambas partes se había producido de forma anticipada a la fecha contemplada. Interpusieron un recurso de reposición el 5 de octubre de 2011 en el Ayuntamiento, el cual lo desestimó el 24 de enero de 2012.

La sentencia indica ahora que en el contrato de arrendamiento no se contemplaba la resolución unilateral y sus consecuencias. Tampoco en la cláusula segunda, en la que se establece la duración del compromiso. Por este motivo, dice el juzgado, “no puede considerarse que esa resolución anticipada unilateral tenga los efectos de desvinculación, máxime cuando por parte del Ayuntamiento no se ha procedido a la entrega de llaves hasta la notificación de la demanda del presente procedimiento”.

La consecuencia es que el arrendador no ha podido disfrutar del inmueble. Así las cosas, el Ayuntamiento debería haber continuado pagando las rentas. También podría haber optado por iniciar una acción judicial. Las rentas que se le reclaman al Consistorio corresponden al periodo comprendido entre 2011 y 2016.

El actual alcalde explica que esta sentencia se suma a otra que recibieron hace unos meses en la que se condena al Consistorio a pagar 300.000 euros por un edificio que se alquiló para la Concejalía de Educación. “También por una rescisión de contrato unilateral”, puntualiza.

En su opinión, lo que está ocurriendo es fruto de la improvisación y de que se firmaron contratos sin apenas pensar en las cláusulas que se incluían en ellos. “Decían que emprendían planes de ahorro y estas son las consecuencias”, se queja. El regidor añade que en otros casos han conseguido alcanzar acuerdos extrajudiciales, que les están permitiendo capear las deudas. “Así hemos conseguido hacer frente al pago de 30 millones de euros”, dice. Pone como ejemplo las conversaciones con la empresa de recogida de residuos Urbaser, con Aguas de Alcalá o con el Consorcio de Transportes. A este último se le debían 11 millones de euros: “Gracias al acuerdo al que hemos llegado, ahora podemos hablar con ellos de transportes y no de la deuda”.

Fuentes del Partido Popular indican que no conocen la sentencia, por tanto, no pueden comentar sus extremos. A pesar de ello, quieren expresar su “confianza en los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, que son los que deciden en esas circunstancias”.