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El precio del transporte público quedará congelado en 2017

Generalitat y ayuntamientos amplían el alcance de la T-12 y crean un título especial para episodios de gran contaminación

Josep Rull, Antoni Poveda, Carles Puigdemont y Ada Colau se reúnen por la financiación del tranporte público.
Josep Rull, Antoni Poveda, Carles Puigdemont y Ada Colau se reúnen por la financiación del tranporte público.

Las tarifas del transporte metropolitano seguirán congeladas en 2017 y van ya tres años seguidos. Desde el tarifazo de 2014 las administraciones no se han vuelto a atrever a subirlas. El próximo año, además, la Autoridad del Transporte Metropolitano presentará dos novedades: la ampliación del rango de edad de la T-12 —el abono pasará a denominarse T-16 y cubrirá a los jóvenes con hasta 16 años y no solo hasta los 14— y un nuevo billete que solo se activará en episodios de alta contaminación ambiental y está pensado para aquellos usuarios del transporte privado. Un billete de ida y vuelta costará 1,8 euros. También se facilitará el acceso a los parados al transporte público, a quienes se ofrecerá una T-Mes al precio de una T-10.

La aprobación de subidas tarifarias se acostumbraba a anunciar mediante un simple comunicado de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), el organismo que reúne a la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En los dos últimos años, aprovechando que había congelación e incluso alguna rebaja, las administraciones implicadas entraban en una carrera sobre quién se apuntaba la medida, pugna que llegaba a producirse entre diferentes partidos de una administración. Ayer, no obstante, el anuncio fue colegiado: una comparecencia conjunta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, Ada Colau; y el alcalde de Sant Joan Despí y vicepresidente de la AMB, Antoni Poveda, además del consejero de territorio, Josep Rull. No dejaron formular preguntas.

La puesta en escena no era gratuita. Iba acompañada de la enésima reclamación al Gobierno central para que aumente su aportación económica a la financiación del transporte públicos. Los cuatro dirigentes señalaron que las nuevas medidas tendrán un coste de entre 18 y 20 millones y anunciaron que las tres administraciones catalanas garantizan 10: un 51% la Generalitat; un 25% el Consistorio barcelonés; el 24% restante la AMB. Instaron al Gobierno central a asumir los 10 millones restantes, lo que serviría para revertir la reducción de su peso en la financiación del sistema público de transporte que se ha dado desde 2008. Entonces asumía el 29% del coste; hoy solo un 14%.

“Tenemos que invitar al Estado para que, sin hacer nada diferente de lo que hace en Madrid, aporte 10 millones de euros más al área metropolitana de Barcelona”, dijo Puigdemont, encargado de abrir el discurso de agravio contra el Estado. Le siguieron Colau, en un tono similar, y Poveda, quien volvió a reclamar una ley de financiación del transporte público. Rull denunció que el Estado solo contabiliza a siete de las 13 comarcas que están incluidas en el sistema de tarificación integrada de Barcelona cuando asigna recursos al transporte público.

Como ya hicieron en abril, los responsables de las tres administraciones catalanas afirmaron que solicitarán una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para analizar la financiación del transporte público en Cataluña, ahora que se preparan los Presupuestos de 2017. Ayer mismo remitieron una carta al titular de Hacienda para demandar “una recuperación progresiva” de las aportaciones estatales, que se habrían reducido un 50% desde 2010. La ATM reclama que se dote a Barcelona de la misma dotación por persona que a Madrid (19,6 euros).

El concejal de ERC en Barcelona Alfred Bosch afirmó que la creación de la T-16 formaba era una condición para votar a favor de las ordenanzas fiscales de 2016.