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Condenado a casi seis años de cárcel el expresidente de la patronal del metal

La fiscalía pedía para Marsal 11 años de cárcel por el saqueo de los fondos de la entidad

La Audiencia de Barcelona ha condenado a casi seis años de cárcel al expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), Antoni Marsal, por saquear los fondos de la entidad. La sentencia, a cuyo fallo ha accedido EL PAÍS, le hace responsable de los delitos de fraude de subvenciones y de apropiación indebida y le condena a un total de cinco años y diez meses de prisión. El que fue su número dos en la UPM, Ángel Hermosilla, ha sido condenado a una pena menor, de siete meses de cárcel, por inducción a la falsedad documental.

La sentencia fija además el pago de una indemnización de 745.000 euros a favor de la UPM como perjudicada por el desvío de fondos. Durante su etapa como presidente, Marsal usó empresas a su nombre para facturar a la entidad por trabajos no acreditados. Los estatutos de la UPM dejaban muy claro que el cargo de presidente no conllevaba retribución, pero aun así Marsal cobró cientos de miles de euros en esa etapa. La mitad de ese dinero procedía de fondos públicos que el Estado y la Generalitat destinan a cursos de formación.

La sentencia absuelve a los otros cuatro acusados, incluidas dos trabajadoras de la patronal y un exinspector de Hacienda. La fiscalía pedía para Marsal 11 años de cárcel por el saqueo de los fondos de la entidad que presidió entre 2006 y 2012. Marsal se ha sentado en el banquillo por los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental. La Fiscalía concluyó que había emitido facturas falsas de sus empresas a la UPM para apoderarse ilegalmente de unos 600.000 euros. La mitad del dinero procede de subvenciones que el Estado y la Generalitat conceden a la patronal del metal para que lo destine a formar a trabajadores del sector.

La acusación también se dirigía contra Hermosilla, que afrontaba una petición de nueve años de cárcel y por los mismos delitos ha sido defendido por el abogado penalista David Aineto. Según la investigación, autorizó los pagos a las empresas de Marsal y avaló otros importes a su esposa por trabajos ficticios, según el auto judicial que puso fin a la instrucción.

El resto de los acusados eran dos exempleadas de la UPM—la responsable de formación, Magdalena Grau, y la de administración, Isabel López— que debían “velar por el correcto destino de los fondos” públicos y privados que manejaba la entidad y no lo hicieron, según la fiscal. Tanto Grau como López se adhirieron, en 2012, a la carta que los trabajadores de la patronal del metal escribieron a Marsal denunciando irregularidades en su gestión.

Esa carta supuso el comienzo de una investigación que también llevó al banquillo a Ángel Blesa, jefe de la inspección de Hacienda en Cataluña en los años 90 y ahora asesor fiscal. La Fiscalía le pide cuatro años por colaborar con Marsal en la malversación.