El soberanismo, ante el muro

En la fase actual, es difícil imaginar un desenlace positivo al conflicto constitucional que ha provocado el auge del movimiento independentista catalán en los últimos años. ¿Es sensato esperar que alguna de las dos partes vaya a desistir de sus posiciones? No lo parece. Los hechos indican más bien que ambas avanzan en una escalada de enfrentamiento, al final de la cual solo conciben la victoria propia y la derrota de la otra parte. El Gobierno de Mariano Rajoy ha derivado a la Administración de Justicia y al Tribunal Constitucional la persecución de cuatro miembros del anterior Gobierno de la Generalitat, incluido su presidente, Artur Mas, y de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por algunas de sus actuaciones en esta pugna política. El conservadurismo español aborda este conflicto como sus antecesores franquistas trataban a la oposición clandestina: reducir un problema político que no se quiere afrontar como tal a una simple cuestión penal con el objetivo de declarar delincuentes comunes a los dirigentes independentistas.

No sería la primera vez en la historia, la de este país y la de muchos otros, en la que los políticos de hoy son los reos de mañana y los héroes de pasado mañana. No sería tampoco la primera vez que se ganen batallas políticas desde la cárcel. Y tampoco sería desde luego el primer caso en el que quien pierde, lo pierde todo, por muy justo y noble que considerara su empeño. Hasta ahora, el Gobierno del PP y la Fiscalía han dejado las penas de prisión fuera de sus peticiones a los jueces, no se sabe muy bien si porque se las reservan para un eventual momento posterior en la escalada o porque el ordenamiento jurídico no se lo facilita. De todas formas, el Gobierno de Rajoy ya ha cambiado en este conflicto tribunales, fiscales y leyes a la medida de sus deseos por lo que no sería de extrañar que volviera a hacerlo si lo considerara necesario.

El empeño de Rajoy en negar toda posibilidad de diálogo, no digamos ya de negociación, implica que la única opción posible para la otra parte es acumular fuerzas para derribar este muro, o para saltar por encima de él. Pero esta no es la vía adoptada por los independentistas, que parecen poseídos por el síndrome de las prisas y, contra toda lógica política, no dejan de plantear su objetivo como algo que está al alcance de la mano en muy poco tiempo. Presentar la creación de un Estado catalán soberano como algo próximo e ineluctable, sin embargo, no basta para darle credibilidad cuando la realidad electoral habla, cuando más, de un empate. Propuestas como las adoptadas el jueves por el Parlament sobre un referéndum para septiembre de 2017 o sobre la sustitución de la legalidad española vigente por otra emanada del Parlament suenan a simples bravatas o provocaciones si no van acompañadas de una creíble explicación de cómo se va a superar la ya conocida negativa rotunda del Gobierno del PP a todo lo que pudiera servir para llevarlos a cabo. Una parte del independentismo habla de una desobediencia masiva y pacífica como instrumento milagroso que, en la práctica, sustituiría la vieja forma de la huelga general política. Como los mayores recuerdan, este país ha padecido décadas de una ominosa opresión política en la que estaba plenamente justificado recurrir a la huelga general, pero no la hubo. Esperar que un país entero, o medio país, se lance de cabeza contra una pared, ahora o dentro de un año, es poco serio.

Pero si las cosas están así, ¿qué queda? ¿El desistimiento? ¿Una rectificación que permitiera derivar el enfrentamiento hacia una mesa de negociación? Para negociar ¿qué? ¿Con quién? ¿Esperar a un improbable cambio de color político en el Gobierno de España? La crisis del PSOE apunta más bien a lo contrario: se han impuesto en ella los que comulgan exactamente con la política del PP en esta materia. Los diputados independentistas que adoptan en el Parlament acuerdos impracticables como los del jueves pasado lo hacen con un entusiasmo incomprensible para cualquier conocedor de la relación de fuerzas real sobre el terreno, la expresada en el 47% de las elecciones al Parlament. Sumar los votos de los partidos independentistas con los de Catalunya Sí que es Pot, no cambia la situación. La ruptura de la que algunos hablan sería un acontecimiento revolucionario. Creer que este país está para aventuras de este tipo es tener una visión muy idealizada de la realidad social y política. Es vivir en una nube.