La ciudad colombiana de Santa Marta dice que Canal le suministra “agua no potable”
Los dos últimos alcaldes de la capital sostienen que los residentes "están enfermando" por la mala calidad del servicio que presta la empresa madrileña
El alcalde de la ciudad de Santa Marta (Colombia), Rafael Alejandro Martínez, coincide con su predecesor, Carlos Eduardo Caicedo, en que la empresa Metroagua, propiedad en un 36% de Inassa, sociedad del Canal de Isabel II, está suministrando “agua no potable” al casi medio millón de habitantes de esta población turística. “No es apta para el consumo. Están enfermando a los samarios [gentilicio de Santa Marta]”, afirman en una grabación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Martínez está citado a declarar en la Asamblea de Madrid para que dé su versión de lo que está pasando con esta empresa pública. El Canal negó ayer tajantemente estas afirmaciones y sostuvo que el agua que suministra Metroagua es apta, y así lo certifican los análisis realizados.
El Ayuntamiento de Santa Marta (500.000 habitantes) quiere que el Canal de Isabel II se vaya de la ciudad, que deje de gestionar el acueducto y el alcantarillado por el deficiente servicio que, en su opinión, están prestando. La ciudad, capital del departamento de Magdalena, ya ha conseguido recuperar el cobro de impuestos, que también controlaba el Canal a través de Recaudos&Tributos (RT).
El Canal entró en Santa Marta (500.000 habitantes) en 2002, durante el mandato del expresidente Alberto Ruiz-Gallardón (PP) en la Comunidad de Madrid, con la empresa R&T; posteriormente adquirió a través de su filial Inassa el 36% de la empresa Metroagua, que se encargaba del acueducto y del alcantarillado de la ciudad colombiana desde 1989. La adquisición formaba parte de la política de expansión que imperó en el grupo durante la década pasada, a través de filiales, que en el último año se han visto sacudidas por una sucesión de escándalos.
Los incumplimientos en un servicio “básico y esencial” para la población como es el agua, condujeron al Ayuntamiento colombiano a embarcarse en la legislatura pasada en una lucha jurídica con el Canal para revertir la situación y recuperar su gestión. El último paso ha sido el envío de una carta a la actual presidenta, Cristina Cifuentes, solicitando su intervención. El alcalde, Rafael Alejandro Martínez, ha concertado una reunión para mediados de este mes con el consejero de Presidencia, Ángel Garrido. Por su parte, Podemos ha pedido su comparecencia y la del anterior alcalde, Carlos Caicedo, en la Comisión de Estudio de la Deuda de la Asamblea de Madrid.
“Lo más grave es que el agua no es potable”, asegura el exregidor Carlos Caicedo, acompañado del actual regidor Rafael Alejandro Martínez, en una entrevista concedida la semana pasada a la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruiz-Huerta. “Cerca de 500.000 sumarios estamos consumiendo un agua que no es apta para el consumo humano según una serie de estudios”, puntualiza Caicedo a la parlamentaria por si existía alguna duda al respecto. Los políticos samarios se preguntan a continuación la razón por la que una empresa como el Canal, de la que conocen “la eficiencia y calidad en la prestación del servicio en Madrid”, se está comportando en Santa Marta de forma tan diferente. Donde, además, “se cobra una factura al Estado y que ha realizado obras con recursos públicos”.
Martínez, el actual regidor, pone en evidencia en la entrevista que “no solo se está prestando un mal servicio”, sino que durante muchos años no se han llevado a cabo “las inversiones mínimas y necesarias”, lo que ha conducido a que los “samarios padezcan un problema gravísimo”.
Apoyo de Podemos a Santa Marta
Podemos apoya al alcalde de Santa Marta en su reivindicación para que el municipio recupere la gestión del agua. “No entendemos por qué una empresa pública como el Canal tiene negocios internacionales”, explica Lorena Ruiz-Huerta, diputada regional de Podemos y presidenta de la Comisión de Estudio de la Deuda, que analiza desde hace meses la expansión de la sociedad en América Latina.
La diputada viajó a Santa Marta la semana pasada —estaba en Colombia para apoyar el proceso de paz— para “conocer los hechos de primera mano”. Eduardo Gutiérrez, diputado de Podemos, añade que “las inversiones deberían ser de tecnología, de los conocimientos que atesora el Canal...”
El Canal negó ayer estas afirmaciones “La potabilidad se cumple estrictamente. En 2015, el informe sobre el Índice de Calidad de Agua Potable IRCA indicó que el agua que suministra Metroagua es sin riesgo y en lo que va de año el indicador continúa igual”. La empresa admite, no obstante, que el suministro “ha tenido algún problema de calidad, pero eso se debe a conexiones precarias realizadas de forma fraudulenta”.
El “pésimo servicio” está afectando al mismo tiempo a “miles de desplazados que han llegado a Santa Marta huyendo de la violencia y a los que no les podemos ofrecer un servicio adecuado”, replica Caicedo. Al mismo tiempo, “se ha afectado a la calidad de vida de las comunidades rurales”, además de que con semejante gestión es imposible garantizar el desarrollo económico de una las más importantes ciudades turísticas de Colombia.
En septiembre de 2015, el alcalde solicitó al juzgado la adopción de medidas cautelares para “tomar posesión material previa, de toda la infraestructura necesaria” para prestar el servicio público de acueducto y alcantarillado. Lo que incluía “todos los bienes inmuebles y muebles y demás activos”. Uno de los argumentos que esgrimía era que el contrato que se firmó con Metroagua, “no se realizó con cumplimiento del régimen legal aplicable a la contratación estatal”. El edil aseguraba que se contrató “directamente”, sin garantizar la “libertad de los concurrentes”.
Un 2% de la recaudación
En el escrito presentado al juez explican también las diferentes modificaciones que ha ido sufriendo el contrato a lo largo de los años transcurridos desde que se formalizó la concesión y que, en su opinión, benefician al contratista. Se ha pasado de un pago inicial comprometido en 1989 de 183 millones de pesos anuales —unos 55.000 euros— más un porcentaje del 33% mensual de la recaudación bruta, a solo un 2% de lo recaudado.
En el contrato se establecía que la rentabilidad de los activos sería invertida en la infraestructura arrendada. Además, las partes pactaron que las mejoras de las infraestructuras se cancelarían a costa del distrito de Santa Marta. Todas cuestiones lesivas, asegura, a los intereses de los samarios.
Los alcaldes manifiestan su deseo de “llegar a Madrid para compartir” todo lo que han recabado. “Y explicar a los madrileños como una empresa pública presta un servicio de tan pésima calidad haciendo quedar mal a Madrid en nuestro país”.
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