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Taula revela la “guerra” interna del PP valenciano por cobrar mordidas

La recaudación de comisiones enfrentó al PP regional de Camps con el provincial de Rus, según la Guardia Civil

Rus, Barberá y Camps, cuando eran líderes del PP valenciano.

El sumario del caso Taula revela la supuesta "guerra" interna que libraron las direcciones del PP provincial de Valencia, presidido por Alfonso Rus, y la del PP de la Comunidad Valenciana, dirigido por Francisco Camps, por quedarse con comisiones procedentes del amaño de adjudicaciones. Un dinero que nutrió presuntamente las diversas cajas b que la formación tenía a escala local, provincial y autonómica.

El mayor punto de fricción fue la empresa pública dedicada a construir colegios, Ciegsa, que acumuló más de 1.000 millones de euros de sobrecostes. Así consta en los informes de la Guardia Civil sobre los que este jueves se ha levantado el secreto de sumario.

El "conflicto de intereses" por apropiarse de comisiones llegó "a convertirse en un problema a nivel político", afirman los investigadores. Sus informes retratan, con todo, un panorama de corrupción generalizada en el PP valenciano durante el periodo 2003 a 2015 en el que la colaboración entre facciones se imponía.

"Según los indicios puestos de manifiesto, desde esta supuesta gestión de fondos de procedencia ilícita en el seno del Partido Popular regional se habrían financiado" sus divisiones provinciales. Esto es, al PP de "Alicante, Castellón y Valencia". Los presidentes provinciales del partido en la época investigada, José Joaquín Ripoll, Carlos Fabra y Rus respectivamente, han desparecido del mapa político por su implicación en causas de corrupción.

El presidente del PP de Valencia, salpicado

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, que sucedió en 2015 a Alfonso Rus en el cargo, asistía según el arrepentido Marcos Benavent a las "comidas" en las que los recaudadores del partido entregaban "en bolsas cantidades en efectivo procedentes de comisiones cobradas a los empresarios".

Rus era el encargado "de decidir el destino del dinero, siendo en ocasiones para la gestión del partido y en ocasiones para el lucro personal de los intervinentes", señala la Guardia Civil.

Benavent "no puede precisar si Betoret", entonces secretario de Organización del PP de la provincia de Valencia, "recibía también parte de ese dinero". "No obstante, estaría al tanto de la existencia del mismo porque lo habría presenciado, ya que también participaría en dichas comidas", agrega el informe policial.

Desde que EL PAÍS publicó que Benavent había apuntado a Betoret  ante los investigadores, este ha negado en varias ocasiones haber tenido conocimiento de la existencia de una trama de corrupción.

Camps ha vuelto a desvincularse este jueves del manejo de dinero negro. En declaraciones a la agencia Efe ha dicho que nunca tuvo constancia de cajas "b, ni c, ni h", ni tampoco de "favores" o "financiación irregular". También Rus negó la semana pasada haber tenido conocimiento de la existencia de cajas b.

En total, el juez Víctor Gómez ha levantado el secreto sobre 18 tomos que suman cerca de 30.000 folios y que analiza la presunta actividad de una trama corrupta que se extendió desde el PP de la ciudad de Valencia que encabezaba Rita Barberá hasta el Gobierno regional. La investigación nació gracias a la denuncia presentada en 2014 por la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo.

"Tras toda adjudicación había una comisión"; "existían intereses cruzados por el reparto de las comisiones porque todo el mundo quería conseguirlas y existían múltiples presiones" por parte de las respectivas direcciones del partido "para quedarse con el dinero", recoge el informe de la Guardia Civil citando al recaudador arrepentido Marcos Benavent, que utiliza el término "guerra" para describir el grado de enfrentamiento.

La Guardia Civil afirma sobre Camps: "A tenor de las alusiones hechas en las conversaciones [grabadas durante años en secreto por el arrepentido] y tras lo declarado por Benavent, tendría conocimiento de gran parte de los hechos". "Sería quien habría impartido determinadas instrucciones a [su entonces vicepresidente económico y hoy diputado en el Congreso] Gerardo Camps supuestamente en relación al control de las adjudicaciones y del reparto de comisiones. Igualmente sería la persona a quien Alfonso Rus se dirigió para trasladarle, al menos en una ocasión, la necesidad de recibir dinero en el partido a nivel provincial".

"Parece claro", concluye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "a la vista de las conversaciones grabadas por Marcos Benavent así como de su manifestación, que la actividad recaudatoria había generado un conflicto entre las partes interesadas". "De un lado se encontrarían Benavent y Alfonso Rus –presidente provincial del Partido Popular de Valencia–. Y de otro lado personal que ostentaba distintos cargos en la Generalitat Valenciana, como el presidente Francisco Camps, el vicepresidente Víctor Campos, el consejero de Economía y Hacienda Gerardo Camps, el consejero de Educación, Cultura y Deportes Alejandro Font de Mora así como el director general de Régimen Económico de la Consejería de Educación, Alejandro Bañares Vázquez", añade el informe.

Las comisiones, añaden los investigadores en otro pasaje centrado en el PP de la provincia de Valencia, se cobraban para "financiar el partido político al que pertenecen y también para el enriquecimiento personal de los intervinentes en esta estrategia de recaudación".

El PP de la provincia de Valencia, liderado por Alfonso Rus desde 2004, pasó estrecheces hasta el año 2007, cuando su líder fue elegido también presidente de la Diputación provincial, señala la Guardia Civil. La institución le dio autonomía para cobrar sus propias mordidas. Hasta entonces, la financiación del PP provincial dependía del dinero "opaco o b" que recibía de mano del vicepresidente de Camps, Víctor Campos —condenado en 2011 por aceptar regalos de la trama Gürtel—.

Por momentos, las prácticas corruptas del PP provincial "derivaron en un conflicto de intereses con la actividad recaudatoria seguida desde el Partido Popular a nivel regional, llegando a convertirse en un problema a nivel político", indica la UCO.

Ni Camps, ni sus entonces vicepresidentes están imputados en Taula. "La experiencia policial demuestra que a mayor nivel de los implicados, ya sea en el nivel administrativo o en la orgánica del partido, más difícil es la obtención de prueba respecto a su actuación concreta" debido a que se hallan "menos expuestos gracias a que el papel más visible recae en recaudadores como Benavent o en responsables de un nivel medio como Máximo Caturla", consejero delegado de Ciegsa, afirma la Guardia Civil.

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