Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El escándalo de la ‘policía patriótica’ da alas a los Pujol

La familia busca en Andorra la vía para desgastar la causa abierta en España por la fortuna oculta

Jordi Pujol, en una imagen de archivo. Ampliar foto
Jordi Pujol, en una imagen de archivo.

La puesta al descubierto de la operación Cataluña alimenta las esperanzas de los Pujol. La maniobra de altos mandos policiales para torpedear el proceso soberanista ha dado munición a la familia, que se siente víctima de una persecución política. Y le ha proporcionado, también, argumentos para contraatacar en el terreno judicial. Los abogados de los Pujol han desplegado una estrategia en Andorra que tiene como objetivo desgastar la causa abierta en España por la fortuna oculta a Hacienda.

El 25 de julio de 2014, Pujol emitió un comunicado en el que admitió que su mujer y sus hijos (pero no él) habían tenido dinero en el extranjero y sin declarar al fisco durante más de tres décadas. Más tarde se supo que la fortuna estaba depositada en Andorra y ascendía a unos cuatro millones de euros. La confesión, que derrumbó la imagen pública del expresidente catalán, fue un movimiento obligado por la publicación, dos semanas antes en El Mundo, de un pantallazo con números de las cuentas y movimientos en Andorra de varios miembros de la familia.

Solo unos días después del comunicado, el juez Pablo Ruz, entonces en la Audiencia Nacional, envió una comisión rogatoria a Andorra para solicitar los datos bancarios de la familia. Los Pujol intentaron, desde el principio, taponar esa vía de salida de información comprometedora: presentaron una denuncia, en Andorra, por revelación del secreto bancario. Creían que la información había sido revelada de forma ilícita por altos directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) y argüían que no podía avanzarse por ese sendero.

La denuncia, dirigida entonces contra “persona desconocida”, ha permanecido en fase de instrucción sin demasiado éxito. Las perspectivas han cambiado este verano. El 18 de agosto, los accionistas mayoritarios de la intervenida BPA (Higini y Ramon Cierco) declararon como imputados ante la juez que investiga el caso BPA. Ambos denunciaron haber recibido “amenazas y extorsiones” por parte de altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía para entregar información no solo de Jordi Pujol, sino también del expresidente Artur Mas y del vicepresidente del Gobierno catalán, el republicano Oriol Junqueras.

Ante la amenaza de que, si no colaboraban con la policía española, el banco “moriría”, los Cierco —que de todas formas perdieron el control del banco cuando el Tesoro estadounidense le acusó de favorecer el blanqueo de capitales— entregaron la información bancaria de los Pujol. Siempre según el relato de los hermanos, en 2014 el consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, se reunió con el jefe de Asuntos Internos de la Policía, el comisario Marcelino Martín Blas.

La declaración de los Cierco permite poner nombre y apellidos a los autores de la filtración. Y los Pujol no han tardado en ponerse en marcha para aprovechar la revelación. El 29 de agosto, la familia transformó la denuncia anónima de hace dos años en una querella contra Miquel, el comisario Martín Blas y Celestino Barroso, agregado de Interior en la embajada española en Andorra que, según los Cierco, también participó en las maniobras de presión.

La defensa de los Pujol insiste en que las coacciones y amenazas han “perjudicado” a la familia y que la declaración de los Cierco confirma que han sido víctimas de una maniobra “política”. Pero la estrategia va más allá de un resarcimiento moral o del ejercicio del derecho a la pataleta. Los Pujol quieren que se anule la comisión rogatoria enviada a España por su origen ilícito (un presunto delito de revelación de secretos) y que, así, parte de la causa judicial quede en entredicho.

La causa que instruye el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se abrió, formalmente, a raíz de las declaraciones de Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Le acusaba de traer dinero de Andorra, en billetes de 500 euros, de origen dudoso. La causa se dirigía entonces solamente contra el primogénito por sus negocios ilícitos. Y no se extendió al resto de los Pujol hasta la confesión del expresident.

Fuentes cercanas a la familia creen que el pantallazo lo cambió todo, porque obligó a Pujol a confesar y originó la comisión rogatoria. Y dado que esa información se obtuvo de forma ilícita, todo lo que se ha obtenido después es también ilícito y no puede utilizarse (según la doctrina jurídica de los “frutos del árbol envenenado”).

Las opciones, sin embargo, de que la justicia española eche por tierra lo obtenido en la comisión rogatoria (por más que Andorra anulara la información) son escasos, según fuentes judiciales. Y de todos modos, insisten, tendrían un impacto limitado en la investigación de la causa. La instrucción sigue partiendo de la hipótesis de que el dinero procede de un origen ilícito (como el cobro de comisiones) aunque, por ahora, no haya pruebas conclusivas.