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Forcadell se ampara en la libertad de expresión ante el Constitucional

La presidenta del Parlament se pregunta por qué el TC no suspendió las conclusiones antes de que llegaran al pleno

Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña en el pleno.
Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña en el pleno.

El Tribunal Constitucional (TC) ya ha recibido las alegaciones de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para defender su actuación al permitir la votación de las conclusiones de la comisión del Proceso Constituyente, que detallan los pasos a seguir para llegar a la independencia e incluyen un mecanismo unilateral. Como el resto de miembros de Junts pel Sí de la mesa de la Cámara, Forcadell apela a la libertad de expresión y la participación de los diputados. En su opinión, la mesa no puede prohibir debates y estaba obligada a permitir la votación de las conclusiones porque así lo demandaron dos grupos, Junts pel Sí y la CUP, que controlan la mayoría del pleno del Parlament.

Según el escrito remitido por la presidencia del Parlament, la modificación del orden del día fue una decisión del pleno y no de la mesa o de la presidenta del Parlament. Entre sus alegaciones también lanza una acusación al TC. Cuestiona que el tribunal de garantías emitiera un auto instando a impedir la votación aunque antes ni anuló la constitución de la Comisión de estudio del Proceso Constituyente ni anuló o suspendió las conclusiones votadas y aprobadas en ese grupo de trabajo. Señala el documento de alegaciones que "no se puede considerar que una actuación parlamentaria de ratificación realizada aplicando el Reglamento contravenga ninguna resolución del TC".

Asimismo la presidenta Forcadell sostiene que lo que se aprobó en pleno no fueron solo las conclusiones, fijando la hoja de ruta institucional en una supuesta independencia, sino el informe "como un todo", con las intervenciones de todos los miembros que intervinieron, por lo que la "ratificación" del pleno "no alteraba" la naturaleza de los trabajos.

"Es evidente que la Comisión de estudio podía incluir también el estudio de elementos que no necesariamente estuvieran previstos en la Constitución", señala el documento, que recalca que "la Constitución no prohíbe ni pone límites al debate político, sino al contrario, empara el derecho a defender, analizar y estudiar cualquier idea política".

Sobre la posibilidad de inhabilitar y multar a Forcadell por hacer caso omiso de la advertencia del Tribunal Constitucional, esta alega que ese caso no tendría que ser de aplicación. No solo porque considera que no hubo "incumplimiento", sino porque recuerda que el articulado que avala esas sanciones --que se basan en una reforma del Tribunal Constitucional-- está recurrido y todavía no se ha analizado. "Si el TC procediera a la adopción de medidas introducidas por este artículo antes de valorar su inconstitucionalidad, se situaría él mismo en una posición de total falta de imparcialidad", resuelve.