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Los dueños de BPA denuncian amenazas de la policía para dar datos de Pujol y Mas

Higini Cierco declara ante la juez andorrana que le advirtieron de que si no colaboraba "el banco moriría"

Higini Cierco (izquierda) sale de la sala tras declarar ayer ante el juez.
Higini Cierco (izquierda) sale de la sala tras declarar ayer ante el juez.

Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de la intervenida Banca Privada d’Andorra (BPA), declararon ayer ante la juez instructora del caso BPA haber recibido “amenazas y extorsiones” de la Policía Nacional para obtener información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. Los Cierco, querellados por el Gobierno de Andorra, aseguraron en su comparecencia que la policía les advirtió de que si no colaboraban “el banco moriría”.

Los accionistas mayoritarios del banco, que fue intervenido y posteriormente subastado, comparecieron ayer por la mañana ante la juez Canòlic Mingorance como inculpados por la querella que interpuso el Ejecutivo de Antoni Martí contra la cúpula de BPA, matriz de Banco Madrid. La entidad fue acusada por el departamento antifraude (FinCen) del Tesoro estadounidense de favorecer el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado de las mafias chinas y rusa en España, de cártel mexicano de Sinaloa y de una presunta trama vinculada a Petróleos de Venezuela.

A las diez de la mañana, compareció Ramon Cierco, quien defendió la gestión de la entidad y los mecanismos de control que se aplicaban para prevenir el blanqueo de capitales. A mediodía lo hizo Higini Cierco, quien al final de su declaración quiso poner en conocimiento de la juez las presuntas presiones de la policía española, según explicaron los propios empresarios.

Cierco aseguró que en 2014 el entonces consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel —hoy en prisión—, se reunió con el comisario jefe del departamento de Asuntos internos de la policía nacional, Marcelino Martín Blas. Según el relato que Cierco hizo a la juez, el encuentro se produjo a raíz de una petición de la embajada de España en Andorra bajo la amenaza de que si no accedía a él “el banco morirá”. La carta con la que jugaba España, según fuentes cercanas al caso, era la información sobre los casos Emperador y Clotilde, en los que podía tener alguna implicación.

Según Cierco, el alto cargo de la policía exigió a Miquel “información bancaria de Mas, Junqueras, Pujol y sus respectivas familias”, puesto que Pujol tenía depositados “no más de cinco millones de euros” en la entidad. Los responsables del banco pidieron consejo a un abogado de confianza de Barcelona y acudieron luego a la reunión con la policía.

Cierco sostuvo que, tras ese encuentro, la información facilitada fue filtrada a un diario y Pujol tuvo que admitir su fraude. El accionista del banco consideró ante la juez, sin embargo, que los datos proporcionados no satisfacieron a la policía y atribuyó a ese enfado la nota de la FinCen norteamericana. El empresario aclaró que no denunció antes esas presiones por “prudencia”, pero añadió que sí fueron comunicadas a varios miembros del Ejecutivo andorrano, entre ellos el presidente, tras la nota del Tesoro de Estados Unidos.