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Los juzgados de la región sufren graves faltas de medios y personal

Las instalaciones, que están obsoletas, adolecen de accesos adecuados para las personas con minusvalía y de falta de limpieza

Estado de los calabozos de los juzgados de Leganés el pasado mayo.
Estado de los calabozos de los juzgados de Leganés el pasado mayo.

Los 178 juzgados que están repartidos en los 19 partidos judiciales de la región —sin contar la capital— se encuentran en un estado deplorable en el que se mezclan la falta de medios personales y materiales. A ello se unen unas instalaciones obsoletas en el que no hay accesos adecuados para las personas con minusvalía o la falta de limpieza en muchas dependencias. En el verano la situación se agudiza por la falta de aire acondicionado, lo que ha impedido que los funcionarios puedan desarrollar su trabajo. El panorama se repite desde hace años, sin que se tomen medidas para solucionarlo.

El panorama que recoge la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2015 es absolutamente desolador. En las necesidades materiales, marca 16 carencias graves. Destacan la dispersión territorial de las sedes en muchos partidos y el hecho de que las oficinas del Registro Civil se hallen ubicados en “dependencias inadecuadas y con escasa dotación de personal”. En general, los edificios de los juzgados están muy anticuados y sufren graves deficiencias como “grietas, humedades, acumulación de olores, falta de renovación de la red de saneamiento, continuos fallos en la calefacción y el aire acondicionado y los ascensores”. “Los archivos son insuficientes con espacios muy reducidos. Los calabozos son minúsculos, lo que impide albergar a todos los detenidos”, critica la memoria.

El problema de la accesibilidad también está patente en las sedes judiciales. En algunos edificios faltan rampas o dispositivos de acceso para personas con minusvalía “tanto en el exterior como en el interior” del inmueble. A ello se une la falta de limpieza y la suciedad acumulada “dada la escasa dotación de personal adscrita a la empresa contratada”. “Los ordenadores están obsoletos, son lentos e insuficientes. Los fallos son continuos en los aparatos de videoconferencia y de las cámaras de vigilancia de los edificios”, mantiene el informe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Un archivo kilométrico de cuatro kilómetros

Uno de los principales lastres de la justicia madrileña es la cantidad de casos y procesos que están almacenados desde decenas de años incluso.

Los archivos están custodiados por una empresa especializada en un almacén de seguridad, del que no se facilita ni el nombre ni la ubicación exacta para evitar ataques.

La llamada Junta de Expurgo se reunió el 30 de noviembre de 2015. Se analizaron juicios que podría ser destruidos. Los fondos de juicios de faltas, referidos al periodo comprendido entre 1941 y 2009, constituyen un total de 2.114.027 expedientes, con una ocupación de unos 4.411,63 metros lineales.

“Los teléfonos móviles están anticuados para atender adecuadamente el servicio de guardia”, añaden. A ello se añade que las líneas telefónicas no están preparadas para hacer requerimientos internacionales, como detenciones en el extranjero y otras diligencias que precisen una comunicación fluida “no solo por vía del fax o del correo electrónico sino también por vía telefónica”.

El tema sanitario tampoco está resuelto. Los jueces denuncian la falta de desfibriladores y de material (tipo botiquines) para atender las urgencias que se puedan dar. Los médicos forenses también carecen de medios adecuados para desempeñar su trabajo y en especial durante las guardias (levantamientos de cadáveres, intervenciones corporales,...). “A ello se une la falta de mascarillas y de material necesario en las sedes judiciales ante posibles enfermedades infecciosas que puedan portar los usuarios del servicio”, afirma la memoria.

Las carencias de personal no son menos acuciantes, según la memoria. Los jueces plantean que es necesario cubrir de manera más rápida las bajas y vacantes que se generen por cualquier circunstancia: “Es absolutamente imprescindible garantizar que todos los juzgados tengan completa la plantilla en todo momento”. Y ofrece unos datos bastante elocuentes. A 31 de diciembre de 2015 eran 515 las vacantes y bajas pendientes de cubrir. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) califica de “intolerable” este hecho, sobre todo si se tiene en cuenta que han crecido los casos en la jurisdicción civil y se han reducido los plazos en el ámbito penal.

Los magistrados también piden mejor formación para los funcionarios interinos. Para ello, se centran en dos casos en concreto: el Juzgado de Instrucción número 46 y la unidad de ejecutorias de los Juzgados de Alcalá de Henares. En ambos, han tenido que renunciar diversos trabajadores “ante su manifiesta falta de capacitación”. El TSJM pide incluso que se prorroguen las jornadas de los empleados públicos para agilizar la tramitación de los expedientes y la adecuada distribución de asuntos en los archivos.

Más peritos

Los peritos también tendrían que tener mayor presencia. Los jueces plantean un aumento de la plantilla de psicólogos y trabajadores sociales en los distintos partidos judiciales. Así se evitaría “el actual retraso de asuntos”, en especial en familia y en menores. También se precisa dar formación a los médicos forenses interinos. “Es preciso el aumento de la dotación de peritos judiciales en penal y la necesidad de que existan especialistas para poder llevar a cabo peritajes contables dado el elevado número de diligencias penales en trámite que precisan de dictámenes objetivos e imparciales”, recoge el documento.

El aumento de personal también se debería extender al servicio de mantenimiento de las sedes judiciales y a la seguridad de los mismos. Un punto en el que hace especial hincapié la memoria es que es preciso crear una oficina en el centro penitenciario de Estremera “para evitar los costosos desplazamientos para la práctica de diligencias judiciales con personas internadas”. También se pide que se aumente el número de trabajadores y se habilite el horario de tarde en la cárcel de Soto del Real. Esta lleva funcionando desde el 13 de noviembre de 2014. Durante 2015 ha realizado 3.124 actuaciones.

La Comunidad gastará 18 millones de euros en 2016

La Consejería de Presidencia y Justicia reconoce que tiene un problema por el estado de las sedes judiciales. Según el subdirector de Infraestructuras Judiciales, Alfonso Vich, el presupuesto para su mantenimiento se ha reducido un 30% en la anterior legislatura (2011-2015). Para este año, el Ejecutivo regional va a destinar 17,8 millones de euros, lo que supone un 19% que en el anterior ejercicio.

“Se van a hacer mejoras en todos los aspectos, tanto en los edificios propiedad del Gobierno regional como en los arrendados. En muchos no se cumple con la normativa actual”, reconoce el subdirector.

Lo que sí se sabe es que dos sedes serán cerradas este año, al cumplirse los contratos. Se trata de los juzgados de Violencia contra la Mujer, en la calle de Manuel Tovar (Fuencarral-El Pardo), y la sede de la sección civil de la Audiencia Provincial, en la calle de Ferraz (Moncloa-Aravaca). “Vamos a tratar de concentrar las sedes para evitar pérdida de tiempo y dar un mejor servicio al ciudadano. Entre septiembre y octubre, todos los juzgados de Aranjuez se concentrarán en el patio de Caballeros y se cerrarán los que están a las afueras”, explica Vich.

El resto de edificios van a recibir mejoras de conservación, mantenimiento, limpieza y seguridad, además de las instalaciones de electricidad, fontanería, los sistemas antiincendios y la accesibilidad. En Torrejón se instalará un nuevo ascensor más grande que permita el acceso a los minusválidos.

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