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El fiscal pide 50 años de prisión por explotar a indigentes enfermos en las ferias

Los cuatro procesados están acusados de los delitos de trata de seres humanos, trato degradante en condiciones laborales abusivas, detención ilegal, lesiones y estafa

Un grupo de niños en el poblado de la Conservera Celta, en A Coruña. Ampliar foto
Un grupo de niños en el poblado de la Conservera Celta, en A Coruña.

La Audiencia de A Coruña juzgará este jueves y viernes a cuatro personas (tres de ellos de nacionalidad portuguesa y con relaciones de parentesco), vendedores ambulantes en ferias, que entre 2011 y 2015 explotaron, bajo amenazas físicas, a cinco personas indigentes o enfermas a las que obligaban a trabajar sin ninguna remuneración económica y sometían a un trato degradante y violento. La Fiscalía –que ha hecho un relato estremecedor de los hechos- solicita penas mínimas de 50 años de prisión para cada uno de los procesados a los que acusa de hasta seis delitos.

Señala el fiscal Miguel Armenteros en su escrito de acusación que los acusados (Joaquín D.A., casado con S.N.M y hermano de S.D.A., que es a su vez la mujer del también procesado André .D.A.), buscaban a personas en situaciones de especial necesidad e indefensión, con graves necesidades económicas, con enfermedades o problemas de tipo mental para que procediesen a colaborar con ellas en diferentes tareas y actividades como limpieza de la casa, construcción, venta de globos y otras atracciones en ferias populares bajo unas condiciones absolutamente abusivas.

“Las víctimas no tenían ninguna posibilidad de negarse porque los acusados habían creado un ambiente violento y hostigador hasta el punto de que estas personas sabían que en caso de intentar marcharse recibirían graves represalias por parte de los acusados, con agresiones físicas, para atemorizarles”, relata el fiscal.

Además, estas personas vivían en unas condiciones de vida indignas, durmiendo en cajas dentro de camiones o galpones que cerraban con candados para que no escapasen, sin servicios de aseo, teniendo que lavarse con una manguera con agua fría. Apenas comían y tenían que pedir permiso a los acusados para realizar cualquier cosa.

Esta situación se llevó a cabo en los dos lugares donde residieron los acusados. Primero en la Avenida del Pasaje (en un poblado ubicado en la parcela de la antigua conservera Celta en A Coruña) y después en el Lugar de Rumbo-Ledoño-Culleredo, ambos lugares en la comarca de A Coruña. En concreto, una de las víctimas, J.C.P., que tiene un grado de minusvalía reconocido por la Xunta de Galicia del 67%y que está diagnosticado de esquizofrenia paranoide y declarado incapaz judicialmente, fue captado por el acusado Joaquín D.A. y su mujer S.N. a finales del año 2010 para trabajar en el domicilio familiar del matrimonio, ayudándoles en las ferias que recorrían y recogiendo cartones por la calle. El hombre pensó que sería una buena oportunidad, pero se encontró que el matrimonio, además de quedarse con su pensión, le hacía trabajar sin salario, bajo amenazas y agresiones físicas.

El día 8 de mayo de 2011 cuando J.C. estaba recogiendo cartones se le acercaron unos agentes de la policía a los que consiguió contar su situación, siendo liberado ese mismo día. Pero tres años después, los mismos acusados se lo encontraron de nuevo en Malpica y lo volvieron a llevar con ellos, esta vez a Culleredo, ante el temor de la víctima a que le agrediesen. La historia de abusos volvió a repetirse e incluso empeoró, porque le obligaban a pedir limosna por la calle.

En una situación similar encontró la policía a R.M.L.F., indigente sin recursos y enfermo de parkinson, que estuvo más de un año en el lugar de Rumbo en Culleredo donde fue llevado por el acusado Joaquín D. tras engañarlo con un trabajo. En dos ocasiones intentó escaparse de sus captores pero fue agredido brutalmente, y amenazado con una pistola. “Al igual que el resto, vivía en condiciones penosas, no pudiendo ir al cuarto de baño, sin poder ducharse y encerrado frecuentemente dentro de un camión, del que no podía salir”, denuncia el fiscal.

En otro de los casos descritos, el acusado Joaquín D.A. llegó a dar parte a una compañía de seguros de las lesiones que él mismo le causó a otro de los indigentes, simulando que había sufrido un accidente de tráfico y llegando a cobrar una indemnización de 2.400 euros.