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El Ayuntamiento paga 16.500 euros a una consultora por el plan de los jurados vecinales

La portavoz municipal, Rita Maestre, asegura que es tan solo una propuesta no oficial

El Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid pagará 16.450 euros a una consultora externa por la redacción del Plan de Gobernanza Comunitaria de la Seguridad y la Convivencia para el barrio de Lavapiés (distrito de Centro), según ha informado esta tarde el Consistorio. Este propone dentro de su organigrama la creación de figuras nuevas como los jurados vecinales y los gestores de barrio, máximos responsables en seguridad y servicios sociales en el distrito. La portavoz municipal, Rita Maestre, ha explicado tras la junta de gobierno municipal que se trataba de "una propuesta de esa consultoría", que debe estudiarse y ver en qué se concreta. No obstante, el plan, de siete folios, fue presentado como propio del Ayuntamiento el pasado 15 de junio en la Junta de Centro a todos los grupos municipales.

Convocatoria del pleno de la Junta de Centro del pasado 15 de junio. Ampliar foto
Convocatoria del pleno de la Junta de Centro del pasado 15 de junio.

El contrato para la elaboración del programa es un contrato menor, al no llegar a los 18.000 euros, por lo que se adjudicó directamente. Sus objetivos, según la documentación que ha aportado el Ayuntamiento, es "la elaboración de diagnósticos y auditorías participativas (incluyendo vecinos, agentes y expertos) de la seguridad y la convivencia en el barrio, así como análisis conjunto de vías de actuación, estudiando las estructuras, procesos y roles de cada actor en el barrio en la seguridad y la convivencia". También recoge "el diseño e implantación conjunta y participativa de un sistema comunitario de seguridad y convivencia desde enfoques de gobernanza, así como del procedimiento de implantación".

Según fuentes del Área Seguridad, los que realizaron el informe "son expertos internacionales en el tema de seguridad y convivencia, que han realizado proyectos similares exitosos en muchas partes del globo, incluida España".

La portavoz municipal mantuvo que toda la información presentada es una "propuesta por parte de una empresa de consultoría especializada" y que en ningún momento significa que se vaya a realizar tal y como viene plasmado en el documento. Maestre ha criticado al ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que había arremetido contra el modelo de seguridad y de justicia paralela que estudia implantar el Ayuntamiento de Madrid. "En lugar de eso, que se preocupe por su ministro del Interior, que se dedica a espiar a líderes de otros partidos", ha añadido la portavoz.

Maestre ha insistido en que el plan publicado por EL PAÍS el pasado martes es solo una propuesta pendiente de estudio. Sin embargo, el grupo municipal del Partido Popular desmiente estas palabras y asegura que el plan fue presentado de forma detallada en el pleno de la Junta Municipal de Centro, donde se dio como cerrada su implantación.

El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, sostiene que Rita Maestre "falta gravemente a la verdad" porque el Plan de Gobernanza Comunitaria se debatió como oficial, el pasado jueves, en la Junta Local de Seguridad del distrito Centro. Henríquez de Luna añade que el Gobierno municipal manipula un acuerdo plenario ya que aseguró que ese polémico proyecto fue aprobado por unanimidad cuando "lo que se aprobó fue una mesa para abordar los problemas de seguridad y convivencia en el barrio de Lavapiés", y no una "demencial e ilegítima administración paralela de inspiración bolivariana".

El concejal de Centro, Jorge García Castaño (Ahora Madrid), mantiene como Maestre que se trata de un proceso  no cerrado, que durará unos seis meses, por lo que se han creado cinco grupos de trabajo para "decidir qué políticas se ponen en marcha en Lavapiés". El edil espera que haya el máximo consenso entre los partidos políticos, colectivos y asociaciones del barrio. 



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