El amianto de los colegios andaluces se retirará en seis años
El Gobierno multa con 1,85 millones a Vodafone por irregularidades que afectan al consumidor
El Consejo de Gobierno ha aprobado la planificación para la eliminación del amianto en las infraestructuras educativas, que destinará 60 millones de euros a la retirada progresiva (entre este año y 2022) de este material en aquellos centros escolares públicos que determinen los técnicos de la Consejería de Educación. Según los cálculos de este departamento, alrededor de 220 colegios e institutos podrían tener materiales con contenido de amianto, que en su mayor parte (un 95%) estaría en las cubiertas de las edificaciones.
El programa se desarrollará en dos etapas. La primera, entre 2016 y 2020 y con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica (escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de enseñanzas artísticas y residencias escolares).
Este mismo año ya se acometerá por vía de urgencia una treintena de intervenciones en las infraestructuras donde se constata riesgo de desprendimiento de fibras. Los trabajos se realizarán de forma compatible con el calendario escolar, para no interferir en el funcionamiento de los centros y según la normativa vigente.
La segunda etapa, a desarrollar entre 2021 y 2022 y con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas. Anteriormente, la Junta ya realizó trabajos de eliminación de amianto en 54 centros.
El Ejecutivo andaluz recuerda que la mera presencia de fibrocemento no debe ser motivo de alarma para la comunidad educativa. Solo si el material se manipula, perforándolo o cortándolo, o en menor medida si se rompe, puede haber riesgo de desprendimiento de partículas de amianto.
Multa de 1,85 millones a Vodafone
El Consejo de Gobierno ha aprobado la imposición de siete sanciones a la empresa Vodafone España, SAU, por un importe total de 1,85 millones de euros, por otras tantas infracciones de carácter muy grave relacionadas con diversas irregularidades en la contratación, la publicidad y las garantías de sus servicios de telefonía móvil, así como en la información a las personas consumidoras y usuarias.
El expediente ahora resuelto se abrió a raíz de una campaña de inspección a servicios de telecomunicaciones desarrollada en 2013 por la Junta. Como resultado, quedó probado que Vodafone España realizó publicidad engañosa, infracción que se sanciona con 220.000 euros; no formalizó contratos con usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas en las modalidades de prepago (350.000 euros), y exigió fianzas para las solicitudes de portabilidad y cobró por la liberación de terminales, incurriendo así en prácticas contra la libertad del consumidor para contratar una prestación (300.000).
Asimismo, la operadora introdujo cláusulas abusivas en los contratos (sanción de 325.000 euros); no aportó información suficiente sobre los procedimientos de extinción o resolución y negó la solicitada expresamente sobre las condiciones generales de contratación (220.000 euros); incumplió obligaciones derivadas de la garantía al establecer un periodo de un año en el caso de los móviles ‘outlet’ (220.000), y no atendió los sucesivos requerimientos realizados por la Administración (220.000).
De acuerdo con la legislación autonómica de consumo, estas siete infracciones alcanzan la tipificación de muy graves al concurrir las circunstancias de haberse cometido de forma voluntaria y continuada, tener una alta repercusión en el mercado, afectar a un gran número de personas y estar vinculadas a servicios de uso ordinario y generalizado. Además, en todas las infracciones se produce el agravante de que Vodafone España ya había sido sancionada en ocasiones anteriores.
A estas circunstancias se añade también la derivada de que la empresa cometió las infracciones valiéndose de su posición dominante en su sector. Según los datos facilitados por la Comisión de los Mercados y la Competencia, en el año 2013, cuando se detectó la mayor parte de las infracciones, Vodafone encabezaba la cuota de mercado andaluza de telefonía móvil en la modalidad de contrato (28,88% y más de 1,61 millones de líneas).
El sector de las telecomunicaciones es uno de los que aglutina mayor número de quejas y reclamaciones en la comunidad autónoma. Desde enero de 2011 hasta la fecha se han presentado 30.958, lo que supone un 24% de las 128.533 que en total han recibido los servicios de consumo. Junto con Vodafone España, las empresas que más acumulan son Orange España, Telefónica Móviles, Jazz Telecom y Xfera Móviles.
Por las irregularidades e incumplimientos detectados en estas operadoras, Consumo ha resuelto 1.151 expedientes sancionadores entre enero de 2011 y julio de este año, con una cuantía de más de 5,3 millones de euros y una sanción media de 4.607 euros. De ellos, 258.730 corresponden a Vodafone, con algo más de 1,43 millones de euros y una media de 5.569 euros por expediente.
