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Condenado por construir un centro de ocio en un terreno protegido de Loeches

Un juzgado le impone cinco meses y 29 días de prisión y le obliga a demoler las construcciones

Tenía permiso para rehabilitar una casa de aperos en un bosque de encinas del municipio de Loeches, pero en su lugar levantó entre 2006 y 2007 en ese terreno protegido un chalé de dos plantas y 335 metros cuadrados, un campo de fútbol, otro de minigolf, dos pistas de padel y otra más de baloncesto. Todo un complejo de ocio para el que no tenía licencia y por el que un juzgado de lo penal de Alcalá de Henares acaba de condenar a Ángel Barral, un conocido constructor de Coslada, a cinco meses y 29 días de prisión y algo más de 7.000 euros de multa por un delito contra la ordenación del territorio. La pena, que incluye la obligación de demoler las construcciones, está atenuada por “dilaciones indebidas”, es decir, porque el proceso ha tardado mucho en resolverse; arrancó a finales de 2010. El fallo se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.

Finca de La Fontadela, en un terreno no urbanizable de Loeches.
Finca de La Fontadela, en un terreno no urbanizable de Loeches.

En la última palabra a la que tiene derecho el acusado en el juicio oral, el constructor Ángel Barral dijo que solo había tratado de mejorar las condiciones de la vivienda del guarda. Aunque todo había comenzado, según había dicho el propio defendido mucho antes en unas alegaciones, porque había tenido que rehabilitar las construcciones existentes en la finca, conocida como La Fontadela, ya que estaban amenazadas de grave riesgo de derrumbe. Había, según Barral, una casa principal, una casa del guarda y varios almacenes y cobertizos que, estaban tan mal, que hubo que tirarlos, dijo la defensa.

Sin embargo, la sentencia considera que “lo realizado no fue una mera obra de rehabilitación de una vivienda previamente deteriorada pues ni siquiera se ha acreditado la preexistencia de esta, sino tan solo de unas instalaciones provisionales y movibles que se utilizaban como vivienda del guarda”. En general, la sentencia, fechada el pasado 19 de mayo y firmada la magistrada María Prado Magariño, rechaza todos los intentos de explicación, a veces contradictorios, que el acusado ha mantenido durante el procedimiento.

También afea la sentencia la actitud del Ayuntamiento de Loeches, un municipio de 8.200 habitantes a 28 kilómetros al Este de la capital. "Cabe señalar la clara parcialidad puesta de manifiesto en el informe emitido por el señor Alejandro Abad, arquitecto urbanista asesor del Ayuntamiento de Loeches, máxime teniendo en cuenta el claro interés del Consistorio [...] en intentar la legalización de las construcciones incorporando las alegaciones efectuadas en su día por el señor Barral al proyecto del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Loeches y que fueron finalmente desestimadas por la Comunidad de Madrid", dice el texto de la sentencia. Esta llama la atención sobre el hecho de que el perito dijera en aquel informe de julio de 2015 que la construcción es legalizable, por su "carácter permanente no residencial", sin haber visitado ni siquiera la finca. 

"La sentencia evidencia cómo la administración local se pone al servicio del infractor contratando con dinero público expertos afines para que emitan informes favorables al infractor. Una dinámica, lamentablemente bastante frecuente en denuncias urbanísticas y medioambientales", protesta María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, organización que ha ejercido como acusación particular en este proceso.

Dos de las esculturas en una plaza de Coslada que supuestamente se parecían a los miembros de la familia Barral.
Dos de las esculturas en una plaza de Coslada que supuestamente se parecían a los miembros de la familia Barral.

Ángel Barral Corral es un constructor e industrial muy conocido y con mucha influencia en todo el Corredor del Henares, especialmente en Coslada. De hecho, en 1998 se levantó en una rotonda del municipio una escultura de piedra en la que estaban representadas ocho personas que sostenían los puntos cardinales que se parecían mucho a los miembros de la familia Barral; aquello desató una gran polémica en municipio y la escultura se retiró. La empresa familiar, dedicada a la venta de vehículos de alta gama, al negocio de las inmobiliarias y la construcción, llamada Hermanos Barral, es la responsable subsidiaria de demoler las construcciones de la finca de Loeches. 

En este caso, el fiscal pedía para Barral dos años de cárcel y la acusación particular de Ecologistas en Acción dos años y cuatro meses. Ecologistas han hecho hincapié durante todo el proceso en la importancia del entorno natural protegido en el que hoy se encuentran todavía unas infraestructuras que tienen todos los visos de ser un gran complejo de ocio; en este punto no entra la sentencia, pues le basta con que se trata de construcciones ilegales.

Lo que sí dice es que el terreno en cuestión, de bosque de encinas y matorral, está protegido como espacio forestal en régimen especial y como espacio de interés edafológico (es decir, es importante por la composición y naturaleza del suelo). Según los ecologistas, en la zona existen especies protegidas catalogadas como en peligro de extinción, entre otros el búho real, así como verdejos y cernícalos.

"En la finca, en el fondo del valle se encontraba una de las olmedas más extensas y mejor conservadas de la Comunidad de Madrid; en las laderas se encuentra un bosque denso de quejigos en las umbrías y coscojas en las solanas en un muy buen estado de conservación y con un rico y variado cortejo florístico. De hecho, en este valle se localiza la mejor población madrileña de la coronilla de fraile (Globularia alypum), una planta con una vistosa floración morada", explica María Ángeles Nieto.

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