Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El juez pide imputar a un diputado valenciano del PP por blanqueo

El magistrado de Taula sigue la misma lógica que aplicó para pedir investigar a Rita Barberá

El diputado autonómico Miguel Domínguez, tras la exalcaldesa Rita Barberá.
El diputado autonómico Miguel Domínguez, tras la exalcaldesa Rita Barberá.

El juez que investiga en Valencia el caso Taula ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que impute por blanqueo al diputado autonómico Miguel Domínguez, del PP. Domínguez fue concejal de Seguridad de la exalcaldesa Rita Barberá, y dejó el Consistorio para presentarse a las elecciones autonómicas de 2015. Al ser parlamentario de las Cortes Valencianas, solo el tribunal superior de la comunidad autónoma puede proceder contra él.

El magistrado Víctor Gómez reproduce en su exposición razonada motivos parecidos a los que utilizó para pedir al Tribunal Supremo que impute —investigue, según la nueva denominación judicial— a Barberá, ahora senadora. El instructor le atribuye de forma indiciaria haber participado en una operación de blanqueo que habría consistido en que los miembros del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia ingresaron cada uno 1.000 euros en una cuenta del partido y recibieron el mismo importe en metálico. Los fondos blanqueados procedían, según la Fiscalía Anticorrupción, de actividades ilícitas.

"Los testimonios de cargo, dos de ellos de personas investigadas, son múltiples y detallados, sin revelar elementos de contradicción o incoherencia interna. Indican una operativa general en relación con personas afines al grupo municipal en el Ayuntamiento respecto de la que esta instrucción no ha revelado, hasta el momento, hechos, circunstancias o explicaciones que permitan valorar con carácter excluyente, en esta fase, ningún tipo de discriminación, en atención a la persona o cargo, en cuanto a la propuesta u ofrecimiento de devolución del dinero", señala el magistrado.

"A juicio de este instructor", prosigue el auto, "las alegaciones efectuadas por el aforado" en su defensa, "pese a poder ser ciertas y tener sentido, no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación"

Defensa del diputado

Domínguez alegó —el juez le dio la oportunidad de defenderse antes de estar imputado, como a Barberá— que había hecho la aportación de 1.000 euros para financiar la campaña de 2015. Pero que el dinero no le había sido devuelto.

Planteó igualmente "desvinculación, por razones personales, en el esfuerzo organizativo de la campaña electoral y del ambiente político diario debido a la localización de su puesto de trabajo en dichas fechas, que no estaba en la sede del Ayuntamiento", sino lejos del centro de Valencia, en las instalaciones de la delegación de Seguridad Ciudadana.

El magistrado admite que no hay en el sumario "manifestación relativa a una participación concreta ni personal" de Domínguez en los hechos. Una observación que el instructor también realizó al elevar al Tribunal Supremo la petición de investigar a Barberá.

Ingresos bajo sospecha

Pero el juez recuerda que, además de la presunta operación de blanqueo de 2015, el examen de los papeles de la secretaria general del grupo municipal del PP, María del Carmen García-Fuster —supuesta responsable de la caja b del partido en Valencia—, ha revelado ingresos sospechosos de dinero anteriores que coinciden con "años de convocatoria de elecciones" locales. En concreto, en 2003 y 2011. Domínguez fue responsable de la concejalía de Seguridad de 1991 a 2015.

El juez está a la espera de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le entregue los informes sobre la documentación incautada en la sede del grupo municipal del PP y en las viviendas de dos imputadas. Un análisis "condicionado por el volumen de la documentación y dispositivos intervenidos en toda la causa en relación con los medios de los que dispone la unidad" policial.

Información pedida al PP

El juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, ha requerido documentación al PP, imputado como persona jurídica en la pieza del blanqueo. Entre esta, los estatutos o "reglamentos" del partido a escala nacional, autonómica, provincial y local. El contrato sobre "buenas prácticas" suscrito por la fuerza política con el despacho de abogados Baker&Mckency. La normativa relativa al control del interno de la financiación del partido —en aplicación del "artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007"—. Y la instrucción que regula la "venta de participaciones en sorteos de Lotería y contratación" en el seno de la formación.

Más información