La expulsión de los ‘mossos’ del ‘caso Benítez’ complica el pacto

La acusación popular quiere que los policías sean apartados para siempre del cuerpo

Agentes de los Mossos tras la declaración de uno de ellos por el 'caso Raval'.
Agentes de los Mossos tras la declaración de uno de ellos por el 'caso Raval'.Albert Garcia

La posibilidad de llegar a un acuerdo por la muerte de Juan Andrés Benítez a manos presuntamente de los Mossos d’Esquadra aún no está cerrada. A tres días de que arranque el juicio contra ocho policías por homicidio y encubrimiento, solo un gran escollo separa a las partes. La Asociación de Derechos Humanos, que ejerce la acusación popular, quiere que los agentes sean apartados para siempre del cuerpo y no vuelvan a ejercer. Las defensas replican que sería un castigo excesivo, aunque estarían dispuestas a aceptar una inhabilitación temporal.

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La Fiscalía, la hermana de Benítez (acusación particular) y la defensa de los policías ya habían acordado que se dictara una sentencia de conformidad, lo que evitaría celebrar el juicio con jurado popular. A cambio de aceptar los hechos, los mossos serían condenados a una pena menor de cárcel (inferior a los dos años) por homicidio imprudente, y serían inhabilitados de forma temporal. Para la asociación de derechos, sin embargo, ese pacto es insuficiente: quieren ver a los policías fuera del cuerpo por “prevención general”. Pretende dejar claro que no hay impunidad y que actuaciones como las del caso Benítez —el empresario del Gayxample fue brutalmente reducido por seis de los mossos acusados— no pueden repetirse.

Las partes que están por el acuerdo intentaron expulsar de la causa, sin éxito, a la acusación popular. Este jueves, en una vista sobre el recurso, lo han vuelto a intentar. La decisión se conocerá el lunes, justo antes de que comience la selección del jurado. Andrés Maluenda, uno de los abogados de los mossos, ha reconocido que existe un “preacuerdo” y que si la acusación popular insiste en bloquearlo, podrían acudir al Tribunal Constitucional. David Aineto, de la acusación particular, ha insistido en la expulsión porque la hermana de Benítez solo pretende “acabar con este proceso y con su sufrimiento”. La fiscal, por su parte, ha abogado por el pacto al admitir que hay al menos “cuatro causas” que, según los forenses, determinaron la muerte de Benítez y ha advertido de que el caso tiene un “desenlace incierto”. Laia Serra, abogada de la asociación, ha replicado que los “delitos cometidos por la policía” no solo afectan a la víctima, sino a los “derechos fundamentales” de todos y, en particular, de “los vecinos del Raval”, donde ocurrieron los hechos y donde patrullaban a diario los policías. “No pretendemos suplantar a la víctima”, ha dicho Serra, que ha reconocido cierta “incomodidad” por el hecho de que las otras partes les consideren “el obstáculo” a la solución menos dolorosa para la hermana de Benítez.

En caso de apartar a la Asociación de Derechos Humanos, el pacto sería una realidad. Esa decisión, sin embargo, se antoja poco probable, según fuentes judiciales. Mientras tanto, unos y otros tratan de acercar posiciones. Durante las conversaciones, el Departamento de Interior ha ofrecido a la acusación que los mossos del caso Benítez “no volverán a pisar la calle” y serán relegados a tareas administrativas. Tras el vuelco judicial al caso que dieron las imágenes publicadas por EL PAÍS (en las que se observa los golpes), los agentes fueron apartados de Ciutat Vella, pero hasta ahora siguen trabajando con normalidad en el cuerpo.

La oferta de Interior sigue siendo insuficiente para la acusación popular, que insiste en la expulsión definitiva. Ésa es, sin embargo, una “línea roja” para las defensas, ya que obliga a los acusados a renunciar a su carrera profesional como policías. Con pacto o sin él, todas las fuentes consultadas insisten en que, antes del lunes, Interior consignará 100.000 euros en el juzgado para afrontar la responsabilidad civil. Se trata de la cantidad con la que sería indemnizada la hermana de Juan Andrés Benítez en caso de condena. Interior seguiría así la senda que ya recorrió en el caso de Ester Quintana, la mujer lesionada en un ojo presuntamente por una pelota de goma, indemnizada por ello con 260.000 euros.

La vista oral arranca el lunes con la selección de los nueve miembros (más dos suplentes) que integrarán el tribunal del jurado. Hoy se ha celebrado también una vista para dirimir las “excusas” dadas por seis de los 30 seleccionados inicialmente para asistir a la vista. Además, las acusaciones particular y popular han pedido la recusación de otras dos personas: un agente de los Mossos d’Esquadra y la hermana de otro mosso.

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