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TRIBUNA

Un manifiesto. Y un pronunciamiento necesario

Uno de los consensos más sólidos desde el restablecimiento de la democracia y de la autonomía en Cataluña después del franquismo, ha sido sobre la normalización lingüística.

Uno de los consensos más sólidos desde el restablecimiento de la democracia y de la autonomía en Cataluña después del franquismo, ha sido sobre la normalización lingüística.

Un consenso fraguado durante la movilización antifranquista, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años sesenta. Involucró tanto el catalanismo de raíz burguesa y católica (piénsese en Òmnium Cultural) como un movimiento obrero hegemonizado por el PSUC y Comisiones Obreras, que promocionaron la lengua catalana entre la inmigración, considerándola un elemento de cohesión. Una prueba de la transversalidad de la voluntad compartida de superar lo que Josep Benet llamó “el intento de genocidio” contra la lengua y la cultura catalanas fue la celebración del Congreso de Cultura Catalana entre 1975 y 1977.

El consenso se alimentó de algunas ideas básicas: la recuperación del catalán era elemento consustancial a la reinstauración de la democracia y el autogobierno; el catalán y el castellano debían ser cooficiales; sobre todo, con la lengua no era permitido hacer partidismos, porque era una cuestión demasiado importante.

Los frutos se verían pronto, ya durante el gobierno Tarradellas y el debate estatutario de 1979. Pero también durante la primera legislatura, cuando se aprobó la Ley de Normalización Lingüística en Cataluña (LNLC), en 1983. El trámite fue largo, porque los partidos hicieron un cuidadoso proceso de inclusión de las diferencias de opiniones que produjo un texto la primera y más importante virtud del cual fue la unanimidad con que fue aprobado (AP no tenía representación).

La LNLC fijaba algunos principios: el catalán es lengua propia del país; y catalán y castellano son cooficiales; el catalán es lengua de la administración y lengua vehicular en la escuela. Sobre este último punto, cabe decir que de entrada CiU (así como UCD, por otra parte) había planteado una doble red escolar, a diferencia de PSUC y PSC, favorables a una única red en catalán. Finalmente, CiU abandonó sus planteamientos iniciales, constatando que el modelo de la izquierda (concretamente, del PSUC) podía aglutinar el máximo del consenso.

Aquella opción (posteriormente asumida y reivindicada por CiU), ha sido decisiva: la red única en catalán ha permitido mantener a la vez un buen ritmo de crecimiento de las competencias lingüísticas y la cohesión social.

El consenso era profundo y destinado a aguantar la competición electoral y política: resistió los burdos ataques hechos por el PP en el bienio 1992-93, cuando se generalizó el modelo de inmersión (posteriormente ratificado por una STC 1994); y resistió al proceso de reforma de la ley en 1998, cuando a pesar finalmente ERC y PP (por motivos opuestos) votaron desfavorablemente, el acuerdo sobre los elementos fundamentales se mantuvo.

La única gran oposición a la política lingüística iniciada en los ochenta (y en concreto a su aplicación en la escuela) ha sido patrimonio del PP y de C'S, que en torno a la explotación de un supuesto conflicto (que la realidad desmintió repetidamente), han construido una parte de sus fortunas electorales.

La voluntad de promoción de la lengua y al mismo tiempo de mantener la cohesión, así como la disposición a abordar la cuestión con extremo cuidado han sido elementos centrales y compartidos del ADN del catalanismo desde la Transición, quedando la lengua fuera de los debates sobre la independencia. Hasta el documento del grupo Koiné, que plantea en un hipotética Cataluña independiente la oficialidad exclusiva del catalán. Esta posición —siempre existente de forma minoritaria en círculos nacionalistas— siempre ha topado con una gramática valorial mayoritaria del catalanismo —también de aquella parte que ha evolucionado hacia el independentismo—, totalmente inclusiva.

Cuando un movimiento se encuentra en una coyuntura difícil, las posiciones minoritarias y excluyentes pueden ganar espacio. Más allá de los compromisos electorales asumidos por las listas independentistas en septiembre en favor de la cooficialidad, se agradecería un pronunciamiento oficial (a título personal ya lo han hecho algunos) sobre el manifiesto por parte de las fuerzas que hoy integran el gobierno de la Generalitat, para quitar cualquier duda. Esto parece relevante no sólo por el futurible “día después” de un estado independiente, sino por la realidad de la sociedad catalana actual.

Paola Lo Cascio es historiadora.