Un exasesor de Granados dice que había “guerra sucia” de espías en el PP
Marcos Peña afirma que en 2008 y 2009 hubo un "montaje" para tratar de "encubrir un espionaje real"
El que fuera asesor de Seguridad del exconsejero de Interior Francisco Granados, Marcos Peña, ha dicho hoy que al involucrar a tres guardias civiles en el caso de supuesto espionaje a políticos del PP en 2008 y 2009 hubo un "montaje" para tratar de "encubrir un espionaje real".
Así lo ha señalado en su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción que tiene lugar en la Asamblea de Madrid, en la que se ha mostrado de acuerdo con que este "montaje" pretendía "que no se conociera la guerra sucia con altos cargos del PP".
"El objetivo primero era eliminar a este grupo de personas, a mí y a los guardias civiles que ya habían protestado ante el consejero, pero el segundo y más importante era el encubrimiento de lo que realmente sí se estaba haciendo, el espionaje real que se estaba haciendo", ha añadido.
En su intervención, no ha querido pronunciarse sobre quién pudo organizar este "montaje", pero ha explicado que al llegar a la dirección de Seguridad, Granados le encomendó la tarea de "recolocar" a los tres guardias civiles que acabaron acusados en el caso de supuesto espionaje al PP de Madrid: José Oreja Sánchez, José Luis Caro y Antonio Coronado Martínez.
Todos ellos están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.
Sin embargo, el exasesor de Seguridad de Granados ha señalado que el exdirector de Seguridad Sergio Gamón anuló "automáticamente" la orden del consejero, en la que asegura que le llegó a decir que había "un enfrentamiento bastante fuerte" entre los guardias civiles y Gamón.
"El señor Gamón era el que mandaba", ha señalado, al tiempo que ha ratificado que tenía un "poder absoluto" en el área de Presidencia. Peña ha negado que tuviera alguna relación con Granados antes de que empezara a trabajar como asesor de Seguridad y ha explicado que su nombramiento como asesor en 2008 partió de Aguirre y no del exconsejero.
La portavoz del PSOE-M en la comisión de investigación, Encarnación Moya, le ha preguntado si las personas con responsabilidad en materia de seguridad eran elegidas por Aguirre."Más o menos creo que es así", ha respondido el compareciente, que ha concretado que, en el caso de Gamón, le debe su carrera "a su vinculación o relación de amistad y confianza" con Aguirre.
Sobre los guardias civiles, ha comentado que en un principio no sabía el "problema" que tenían, pero ha añadido que después se enteró de que "les mandaba hacer cosas que no querían hacer", en referencia a los seguimientos a políticos del PP de Madrid.
"Al llegar yo (a la dirección de Seguridad) hay gente que se pone nerviosa y piensa que este nos va a joder el negocio", ha apuntado. Para el exasesor de Granados, el caso de supuesto espionaje ha dejado varios "juguetes rotos", como la supuesta intermediación del ex director general de Seguridad Enrique Barón en la reunión de González con dos comisarios para que "solucionen el problema que tienen con el ático".
Así lo ha señalado en su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción que tiene lugar en la Asamblea de Madrid, en la que se ha mostrado de acuerdo con que este "montaje" pretendía "que no se conociera la guerra sucia con altos cargos del PP".
"El objetivo primero era eliminar a este grupo de personas, a mí y a los guardias civiles que ya habían protestado ante el consejero, pero el segundo y más importante era el encubrimiento de lo que realmente sí se estaba haciendo, el espionaje real que se estaba haciendo", ha añadido.
En su intervención, no ha querido pronunciarse sobre quién pudo organizar este "montaje", pero ha explicado que al llegar a la dirección de Seguridad, Granados le encomendó la tarea de "recolocar" a los tres guardias civiles que acabaron acusados en el caso de espionaje al PP de Madrid: José Oreja Sánchez, José Luis Caro y Antonio Coronado Martínez.
Todos ellos están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.
