El TSJ valenciano nombra un juez de refuerzo para el ‘caso Taula’
El órgano judicial ve "justificada" la petición realizada por el magistrado instructor
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha aprobado este jueves el nombramiento de un juez de refuerzo para el caso Taula, en el que se investiga una presunta trama vinculada al PP valenciano dedicada al cobro de comisiones y a la financiación ilegal del partido que habría estado en funcionamiento durante más de una década.
La presidenta del tribunal, Pilar de la Oliva, recientemente revalidada en el cargo por el Consejo General del Poder Judicial, ha considerado "justificada" la petición planteada este mismo jueves por el magistrado instructor, Víctor Gómez. De la Oliva ha acordado tramitar la solicitud por la vía de urgencia.
El magistrado que se incorporará como refuerzo al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia trabaja en estos momentos en el orden de lo contencioso-administrativo de esta misma ciudad y se incorporará "en las próximas semanas" al caso Taula, cuando el titular del órgano en el que ahora esté destinado se haga cargo del mismo.
El reparto de tareas entre el instructor Víctor Gómez y su refuerzo "se concretará cuando se haga efectiva la incorporación de este al mismo". El magistrado de apoyo "se encuentra en estos momentos adscrito a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia" valenciano.
El acuerdo ya ha sido comunicado a los interesados, al Consejo del Poder Judicial y será ratificado la semana que viene en la reunión de la sala de Gobierno del máximo órgano judicial valenciano.
En la causa hay ya más de 80 imputados —investigados según la nueva terminología judicial— por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal, falsedad y blanqueo de capitales.
Entre los imputados figura medio centenar de personas relacionadas con el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, entre ediles, exconcejales y asesores. El magistrado instructor ha iniciado los trámites para pedir la imputación de la exalcaldesa y ahora senadora Rita Barberá.
Entre los hechos que indagan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción figuran el supuesto amaño de contratos por importes que suman centenares de millones de euros, por ejemplo en la construcción de colegios e institutos, así como de infraestructuras sanitarias.
Parte del dinero cobrado a constructores y adjudicatarios de otros tipos de contrato habrían ido a parar a cajas b que el Partido Popular habría tenido a escala municipal, provincial y autonómica. Entre los imputados figura el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia Alfonso Rus y varias personas que tuvieron responsabilidades en la Generalitat, la Corporación provincial y distintos Ayuntamientos.
La causa está declarada secreta y el juez ha prorrogado esta condición hasta el 14 de marzo. Está previsto que en los próximos días o semanas el magistrado remita al Tribunal Supremo los indicios que existen contra Barberá para que este proceda, en su caso, a pedir al Senado que permita imputar a la exalcaldesa.
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