Los Maristas muestran su protocolo antiabusos tras un mes de escándalos

Un mes después de que estallara el escándalo de pederastia en el colegio Maristas Sants-Les Corts, la orden religiosa ha hecho público su protocolo interno antiabusos. Se trata de 82 páginas, fechadas en diciembre de 2013, que detallan los comportamientos que deben ser evitados por maestros y hermanos al relacionarse con menores y de los pasos que deben seguirse tras una denuncia. El texto cita leyes españolas pero ignora los protocolos marco del Síndic y del departamento de Enseñanza. El Parlament aprobó ayer por unanimidad una moción en la que se insta a obligar a todos los colegios a acatar las directrices catalanas antiabusos y a formar a los profesores para prevenirlo y detectarlo.

El protocolo, que es posterior a los casos que se le imputan al pederasta confeso Joaquín Benítez, ha sido desarrollado para la provincia L’Hermitage, que reúne a los maristas de Cataluña, Francia, Grecia, Suiza y Argelia. Desde el colegio barcelonés explican que su implementación ha sido escalonada y que aún no se ha dado a conocer a las familias y a los profesores sin cargo.

Aun así, desde el centro sostienen que gracias a una dirección de correo electrónico habilitado para denuncias de abusos —una de las recomendaciones del texto— fue posible reaccionar rápidamente ante el caso del monitor en prácticas de la Fundación Pere Tarrés que abusó de cinco menores en diciembre pasado.

Los Hermanos Maristas han designado un delegado provincial para la protección de los menores, máximo responsable del protocolo, y hay delegados en cada país. El documento es muy detallado respecto a las directrices sobre cómo deben ser las relaciones entre un adulto y un menor en la comunidad educativa. Remarca que hay que evitar el contacto físico y “no dejarse desbordar por su afecto (el del niño/a)”. En concreto pide evitar “abrazar a los alumnos para saludarles”, “los juegos y actividades con contactos físicos regulares” y “no bailar o hacer juegos acuáticos”. También pone límite a las relaciones entre educadores y menores a través de las redes sociales y se pide no tener encuentros en sitios ocultos.

El abuso, de acuerdo con el protocolo, se produce cuando “el adulto provoca al menor sexualmente, con un contacto sexual directo o un contacto no sexual, como la fricción, el exhibicionismo, así como la distribución, el traspaso y/o la visión de materiales de carácter pornográficos”. La justicia tiene una veintena de denuncias contra, al menos, siete personas vinculadas a los Maristas, aunque muchos de los delitos ya han prescrito.

La descripción sobre cómo debe gestionarse una denuncia (incluso de exalumnos) también es extensa. Las sospechas deben ser recogidas en formularios y se realizan entrevistas, por separado, con las partes implicadas para determinar “la consistencia” de las acusaciones. Si se considera que no la hay, el caso se cierra. Si no, se convoca a un comité que decide abrir un expediente y notificar “a las autoridades civiles y religiosas implicadas”.

El texto solo hace referencia a las instituciones catalanas y sus leyes en dos anexos y no se describe específicamente a qué instancias acudir. Entre la legislación se invoca la Ley 14 de 2010 del Parlament sobre los derechos de la infancia o la ley orgánica estatal de 1996 sobre menores. No se menciona el protocolo antiabusos firmado por los departamentos de Enseñanza y Bienestar Social en 2006 o su revisión en 2014 y que desde la Generalitat defienden que se envía a todos los centros educativos al inicio del curso. El Parlament aprobó ayer por unanimidad obligar a todos los centros, independientemente de su titularidad, a seguir esas pautas.