El Constitucional activa su ley contra la comisión del proceso del Parlament
El tribunal deberá decidir ahora cómo ejecuta la sentencia que anuló la declaración soberanista
El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el incidente de ejecución de sentencia contra el Parlamento catalán por desobediencia, un procedimiento previsto en la reciente reforma legal que hasta ahora no se había aplicado. El Gobierno había pedido anular la comisión parlamentaria de “estudio del proceso constituyente” por incumplir una sentencia del tribunal, pero el Constitucional no toma esa medida, a la espera del pronunciamiento definitivo.
El Gobierno de Mariano Rajoy entendió que la creación, el pasado 28 de enero, de la comisión de estudio del proceso constituyente suponía un incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que había anulado la declaración soberanista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre. Esa declaración, que solo secundaron Junts pel Sí y la CUP cuando Artur Mas era presidente en funciones, prevé la “desconexión” de España y anuncia la voluntad de desobedecer al Constitucional y hacer caso solo a las normas emanadas del Parlament.
El recurso del Abogado del Estado que actuó en nombre del Gobierno argumentaba que la comisión de estudio del proceso constituyente era “un acto frontal de desacato y manifiesto incumplimiento” y por eso reclamó su suspensión. La fiscalía se adhirió después a esa petición y reclamó del tribunal que advierta expresamente a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, de las consecuencias derivadas de la continuidad de los trabajos de la comisión.
El Tribunal Constitucional ha rechazado asumir ahora esta petición, pero sí ha activado la aplicación de la reforma de la ley que promovió el grupo parlamentario del PP para frenar el desafío soberanista catalán.
Freno a las tres leyes de ruptura
El PSC presentó ayer un escrito en el que reclama a la Mesa del Parlament que reconsidere la decisión del pasado martes de tramitar la creación de ponencias conjuntas para aprobar las tres leyes independentistas de ruptura: de protección social, régimen jurídico y administración tributaria.
La medida tiene pocos visos de prosperar, porque Junts pel Sí tiene mayoría en la Mesa de la Cámara, pero frena de momento la convocatoria de las comisiones parlamentarias correspondientes en las que se han de constituir las ponencias. El próximo día 8 se reunirá la Mesa, como cada semana, y es posible que sea desestimada ya la petición del PSC.
Los magistrados deberán decidir a continuación cómo ejecutan su sentencia y qué medidas aplican de entre todas las previstas en la reforma legal. Mientras tanto, la comisión de estudio del proceso constituyente podrá seguir reuniéndose. El próximo día 8 ha convocado su primera sesión, que presidirá el diputado Lluís Llach tras el fallecimiento de Muriel Casals.
El artículo 92 de la Ley del Tribunal Constitucional recoge el abanico de medidas que podrían acordarse en el proceso de ejecución de la sentencia. Entre ellas, la imposición de una multa de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades que incumplan las resoluciones, así como la suspensión de sus funciones. Otra posibilidad es que el tribunal decidiera pasar la pelota al Gobierno que, aun estando en funciones, podría “adoptar las medidas necesarias” para que se cumpliese la sentencia. Y, como última medida posible, se prevé incluso que se deduzca testimonio para exigir responsabilidad penal contra los responsables del incumplimiento.
Frente al argumentario de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, el Parlament defendió los trabajos de la comisión y reclamó que se permitiera proseguir sus trabajos. Los juristas de la Cámara argumentaron en sus alegaciones que la comisión es “un acto parlamentario no normativo o resolutivo, sino un acto de inicio de un procedimiento”.
“Sería tanto como aceptar que el Parlamento no dispone de autonomía interna para desarrollar sus funciones ni para decidir sobre el trabajo parlamentario... cuando aún no se ha producido un acto idóneo para producir una contravención” de la sentencia, dicen las alegaciones.
La comisión está apoyada por Catalunya sí que es Pot, además de por Junts pel Sí y la CUP. El PP participa para mostrar su crítica. El PSC y Ciudadanos no acuden.
