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La Generalitat regulariza 300 familias que vivían en pisos del banco malo

Colau también regularizará la situación de okupas que viven en viviendas públicas o cedidas por los bancos

Pisos ocupados en el barrio de Gràcia de Sabadell.
Pisos ocupados en el barrio de Gràcia de Sabadell.

La Secretaría de Vivienda de la Generalitat está regularizando la situación de 300 familias que ocupan ilegalmente pisos cedidos por la Sareb al Gobierno catalán. La situación se remonta a 2014, cuando el banco malo, que gestiona los activos tóxicos de las entidades financieras, cedió 600 pisos a la administración autonómica para que los incorporara a la bolsa de alquiler público. La mitad de aquellas viviendas estaban ocupados ilegalmente por familias sin ingresos. 150 familias ya han legalizado su situación y otras tantas están en trámite. Las familias okupas pagan en función de sus posibilidades o incluso nada. En estos casos, la Generalitat negocia con los ayuntamientos el coste de los suministros de luz, agua y gas.

El nuevo reglamento que prepara el Ayuntamiento de Barcelona también prevé regularizar la ocupación de pisos del parque público o procedentes de bancos.

El Secretario de Vivienda, Carles Sala, explica que son casos de familias con pocos o ningún ingreso que en su día ocuparon pisos porque no tenían alternativa. En algunas ocasiones dieron una patada en la puerta; en otras eran pisos que habían comprado, pero de los que no podían pagar la hipoteca y el banco —y después la Sareb— se los quedó. “Si como administración pública no ayudábamos en estos casos, las familias hubieran acabado siendo usuarios de servicios públicos por otro lado”, argumenta Sala. “Vale la pena que se puedan quedar pagando lo que puedan”, considera.

Hasta ahora se ha utilizado como paraguas legal el reglamento de la Agencia de Vivienda de Cataluña, una norma que no contemplaba como motivo para optar a un piso de emergencia la situación de ocupación ilegal, pero sí “situación de emergencia económica y social”. El nuevo reglamento, del 1 de febrero, sí incluye a “las personas residentes en una vivienda sin un título jurídico habilitante que acredite derecho sobre el mismo”. Son casos en los que la administración demuestra que no tienen otro remedio que ocupar ilegalmente.

El reglamento acaba de actualizarse para dar cabida a las novedades que introduce la ILP contra los desahucios y la pobreza energética. El redactado incrementa (de acuerdo con la nueva ley) los ingresos mínimos para acceder al parque público de emergencia y reduce la cuantía de los alquileres sociales de entre 80 y 100 euros mensuales hasta 50. La reducción se explica porque la nueva ley especifica, en función de la situación, que las familias no pueden destinar más de entre el 10% y el 18% de sus ingresos a la vivienda.

En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, la propuesta del nuevo reglamento de adjudicación de viviendas por emergencia social también contempla regularizar situaciones de ocupación ilegal. Tanto de pisos del parque público como de los que se incorporan a la bolsa del Ayuntamiento fruto de convenios con entidades financieras o porque los compra el Consistorio. La propuesta está en exposición pública.

La medida entronca con la observación que hizo la alcaldesa Ada Colau cuando anunció el convenio de cesión de 200 pisos por la Sareb. Igual que con los pisos cedidos a la Generalitat, la mitad de los cedidos al Ayuntamiento están ocupados ilegalmente. Colau explicó entonces que se buscaría la fórmula para que las familias que viven en ellos se puedan quedar si no tienen alternativa. El Ayuntamiento también ha reconocido en varias ocasiones que tiene okupas en el parque público (que suma 15.000 pisos), pero desconoce la cifra, a pesar de que los están inspeccionando.

El texto del Ayuntamiento barcelonés prevé varios escenarios de regularización de las ocupaciones, en función del tiempo. En todos los casos es preciso que las familias tengan informe favorable del Servicio de Prevención, Intervención y Mediación en Viviendas y que no hayan protagonizado conflictos con los vecinos o tengan arraigo en el barrio. La ocupación no llega al año, “no tendrán derecho a ser regularizadas necesariamente”, salvo que los Servicios Sociales emitan un informe favorable. En cualquier caso, tendrán que ser familias que no se pueden pagar un piso.